Por Ludmila Belingueres
Con 51 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, fue ley la ampliación de zonas frías para la reducción de tarifas de gas de entre un 30% y 50%. En el marco de las complejidades que propone una pandemia como la que estamos atravesando y a la suma de la ya existente crisis económica, garantizar al conjunto de los argentinos y fundamentalmente a aquellos que habitan las zonas más frías del país el acceso a tarifas razonables de gas es una responsabilidad y una tarea primordial para el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales, que se vio reflejado en la ley sancionada este 25 de junio.
Esta ley, encierra diferentes puntos y objetivos interesantes de repasar, algunos directos y otros que no lo son, pero que aun así tienen una importancia política central en medio de un clima de discursos que alimentan el descreimiento de los ciudadanos de la política como herramienta efectiva para la garantía de derechos.
Los objetivos primordiales de la ley residen centralmente en la reducción de entre un 30% y un 50% de las tarifas de gas para los habitantes de las zonas más frías del país, estimando que la medida alcanzará a casi 4 millones de familias de las 17 provincias contempladas por esta ley. Por lo tanto, podríamos ubicar el impacto económico como el más directo de esta medida, que por supuesto, también hace pie en una concepción humanista que busca generar en lo inmediato una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, que, si bien es una responsabilidad indiscutida del Estado, no siempre se ha visto reflejada en la realidad.
¿A quiénes alcanza la reducción del 50%? A pensionados y jubilados, a personal de casas particulares, a usuarios del monotributo social, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, a monotributistas (hasta 3 salarios mínimos), a perceptores del seguro de desempleo, veteranos de guerra y usuarios exentos del pago del ABL. Los jubilados alcanzados serán 2,5 millones.
En segunda instancia, nos encontramos con un impacto, tal vez, secundario, pero que no por eso carece de importancia. Es un punto que podríamos llamar “de reconocimiento” o bien, de impacto simbólico, que tiene que ver con tener en cuenta la importancia de los servicios públicos para las comunidades, más allá de que quienes los prestan sean empresas privadas y, naturalmente, de lo central del acceso por parte de las familias argentinas a su uso.
Finalmente, y como eje más relevante de este artículo, es importante revisar el efecto que puede tener la aplicación efectiva de esta ley en el debate cotidiano y cómo puede, a su vez, impactar positivamente en aquel descontento o desconfianza que no pocos ciudadanos tienen de la política, que, por diferentes razones, han dejado de creer en ella como una herramienta transformativa, que busca la felicidad y el bienestar del conjunto.
Con su aplicación, argentinos y argentinas de todo el país, van a ver en sus facturas de pago una reducción de, por lo menos, el 30% de sus tarifas de gas y podrán redireccionar la utilización de ese dinero en la compra de otros bienes desde alimentos y ropa hasta juguetes, o en la contratación de servicios, luz, agua o internet, en tiempos donde tiene suma relevancia. Es decir, esta ley, lejos de tener un impacto abstracto y difícil de ubicar a simple vista, tiene un efecto directo y concreto en la economía familiar de los argentinos.
Además de los resultados que se plantearon en este artículo, algunos a modo de suposición, es preciso resaltar que, a partir del debate que trajo la ley en las cámaras y en algunos medios de comunicación, queda en vistas la tarea de extender la red de gas natural a quienes aún no tienen acceso a ella y que de haber sido así, hoy podrían ser beneficiarios.
Es por lo antes mencionado, que la sanción de esta ley, como otras que también se sancionaron en la semana, llega con una cierta impronta que, desde mi punto de vista, se incorpora a la lista de medidas que suman, o al menos no restan, para que los argentinos y las argentinas que han perdido la confianza en la política la recuperen. Es claro, esto no dependerá únicamente de una ley y son mucho más profundos los motivos que generan el descreimiento, pero, aun así, cuando la legislación de nuestro país se vuelve más justa y humana con la sanción de una ley y posterior implementación de la medida, tenemos un motivo más para seguir dando la batalla de reivindicación de la política como aquella que busca la felicidad y el bienestar de los pueblos y no su desconfianza.