Por Tomás Brusco[1]
En las Jornadas Monetarias y Bancarias del año 2023, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, finalizó su conferencia de cierre afirmando que el desarrollo del mercado de capitales argentino es fundamental para evitar la formación de activos externos. Con anterioridad a esto, se había informado que el control de la inflación como variable macroeconómica es, a su vez, una piedra base del desarrollo económico.
En mi opinión, el desarrollo del mercado de capitales presupone, también, el desarrollo de los servicios financieros de la Argentina en general. Esto no debe considerarse un elemento superfluo para el ahorro de los ciudadanos o habitantes de la Argentina. El mercado de capitales argentino cumple primariamente un rol de financiamiento a entidades gubernamentales, a empresas y a PyMES, siendo estas últimas beneficiarias de medidas adoptadas en los últimos años tendientes a facilitar el financiamiento de empresas pequeñas y/o medianas en el mercado de capitales. Sin embargo, secundariamente, también el mercado de capitales funciona como instrumento de ahorro e inversión de personas jurídicas y de personas humanas.
Es quizá este segundo factor el que se ha obviado con más frecuencia en los escritos sobre inclusión financiera, ya que se hace referencia más frecuentemente en la literatura de esta área a los necesarios servicios de la banca comercial tradicional (préstamos, tarjetas de crédito o débito, home banking, etc.), pero se omiten los servicios de la banca de inversión o de corretaje de servicios financieros de mercados locales o globales.
El mercado de capitales argentino, según la Comisión Nacional de Valores (CNV) en su informe ejecutivo trimestral de marzo del 2022[2], contaba en ese año con 526.954 subcuentas comitentes con saldo. Esto representa un incremento del 58 % entre el 2019 y el 2022, con lo cual presumiblemente el mercado de capitales se ha estado desarrollando a gran velocidad respecto de años pasados, en donde el acceso a los agentes de liquidación y compensación era más dificultoso.
Según la revista Forbes Argentina, el principal motivo de apertura de cuentas comitentes en el 2023 ha sido hasta la fecha la compra de USD MEP (arbitraje de bonos) y de CEDEARs.[3] El segundo es emitido bajo ley local, pero es un producto derivado de los subyacentes extranjeros. Es decir, queramos o no, el mercado de capitales argentino se encuentra desarrollándose a pasos veloces, liderado por la nueva industria fintech. Según BYMA, hoy el mayor «jugador» del mercado de los ALYCs es Allaria S.A., con el 5,73 % del mercado. Es decir, es este todavía un mercado abierto en cuanto a la competencia (no es oligopólico), pero, de alguna manera, concentrado por haber solo 245 sociedades habilitadas a tal efecto.[4] En la última década se han reducido las barreras de entrada al mercado de los agentes, pero estas siguen siendo de dificultad considerable, principalmente en cuanto a inversión inicial en habilitación y tecnología.
Una propuesta posible es que el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF)[5] en la Argentina pueda propiciar y dirigir este desarrollo incipiente del mercado de capitales argentino, dando uso a las herramientas brindadas por los estudios científicos de los investigadores líderes en el portfolio management. Es decir, el Estado argentino tendría que hacer uso de los recursos que ha brindado la investigación y recomendar a los inversores el desarrollo de su propio capital, fomentando el ahorro en el sistema local y, al decir del presidente del BCRA, evitando la formación de activos externos.
Para lograr esto no bastaría con promover al mercado de capitales, sino que sería óptimo propiciar las mencionadas estrategias de inversión aceptadas en la comunidad inversora global como eficaces para el inversor promedio, que es también el ciudadano promedio. Estas son estrategias pasivas de inversión, basadas en fondos cotizantes de bajo costo de administración. Sin embargo, este tipo de activo no se encuentra disponible en el mercado local para los activos locales, sino que solo es accesible mediante CEDEARs, que son certificados de depósito de activos extranjeros. La tenencia, según el mismo informe, de CEDEARs en cuentas comitentes se encuentra en alrededor del 30 % del total de tenencias de las subcuentas comitentes mencionadas.
El desarrollo de posibilidades locales de indexación propiciaría una mejora no solo para el mercado secundario en términos de rendimientos de sus inversiones, sino también una mayor solvencia para el mercado primario, ya que habría un nuevo tipo de activo (los fondos cotizantes) que invertirían en oportunidades de licitación, oportunamente, ya que contendrían la totalidad del mercado si fueran índices de ese tipo. Para esto, quizá, haya que elaborar índices desde el sector privado, desde el sector público, o ambos sectores en colaboración.
El sector bancario comercial y el sector bancario de mercado de capitales no tienen por qué ser mirados necesariamente como uno más complejo que el otro, o prejuzgar que a quien no accede a una tarjeta de crédito, se le dificultará más acceder al mercado de capitales que a otro tipo de servicios. En cualquier caso, la política económica nacional, abogando por un desarrollo inclusivo del mercado de capitales y por la adecuada canalización de información sobre inversiones, beneficiaría a empresas y a particulares.
Quedará en la planificación de las políticas públicas definir de qué manera se podría implementar esta medida. La definición sobre incorporar más personas al mercado de capitales será una discusión también de opiniones respecto al rol que el capital y el riesgo deben cumplir en la sociedad. Una cultura política tradicionalmente ajena al desarrollo del libre mercado ha ido en desmedro de la elaboración de herramientas sociales o estatales para la consideración de los trabajadores (o la mayoría de la población), en general, como inversores.
Estos factores deberán ser considerado por el CCIF. A su vez, quedará en el sector privado el efectivo desarrollo de la propuesta de fondos cotizantes. Eso sí: el Estado nacional tiene que estar atento a los avances en inversiones para alertar e informar a sus ciudadanos, prevenirlos de estafas y ayudarlos a controlar su crédito personal o empresarial. Fomentar la educación financiera es, también, enseñar a invertir.
[1] Abogado (UBA). Consultor en el Ministerio de Economía de la Nación. Director de OLEGISAR.
[2] https://www.cnv.gov.ar/descargas/informes/blob/3e10f287-3aa2-4c88-b508-e4d96ee64afa
[3] https://www.forbesargentina.com/money/crecen-cuentas-comitentes-argentina-dolar-mep-cedears-obligaciones-negociables-opciones-mas-utilizadas-n34305
[4] https://www.byma.com.ar/ranking/
[5] https://www.argentina.gob.ar/economia/inclusion-financiera/consejo