Por Antonela Tomatis*
En el siguiente articulo analizaremos paralelamente dos de las situaciones centrales a nivel país: el desamparo del personal de salud en esta pandemia, referido al reclamo por una recomposición salarial y la ley que se pretende enviar al congreso que otorgaría “superpoderes” al poder Ejecutivo que lo faculten a tomar medidas “excepcionales”, según criterios epidemiológicos, para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Durante el anuncio de extensión de las restricciones por el coronavirus, el Presidente Alberto Fernández confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley que lo faculte y “blinde” judicialmente a él y a los gobernadores ante las medidas. El mismo mencionó que: «En los próximos días enviaré un proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional». Lo cual se podría interpretar como una forma de salvar la debilidad jurídica de las medidas tomadas que terminaron judicializándose.
El borrador del texto no se conoce, pero ya existen diversas especulaciones al respecto. Unas presumen que el jefe del Estado buscará obtener el aval del Congreso para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias o eventuales modificaciones del calendario electoral. Recordemos que la Corte Suprema se apresta a fallar sobre la constitucionalidad del último decreto de Fernández, que dispuso la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.
Se han podido observar reacciones negativas por parte de diversos legisladores y han resonado frases como: «La democracia no se suspende por pandemia»; «Bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires»; «No espere del Congreso un cheque en blanco para hacer lo que ahora no tiene autoridad para disponer. Todas las medidas en el marco de la Constitución y conforme a las necesidades de la pandemia, por tiempo limitado, con control permanente del Congreso. ¡Suma del poder público no!»; “Cuando la cuarentena le daba legitimidad pública se aferraba a los DNU. Ahora pareciera querer compartir las responsabilidades de los errores cometidos. Una ley de restricciones por la pandemia debe tener parámetros objetivos, científicos y previsibles. De ninguna manera la salida son más superpoderes o delegar facultades que son propias del Congreso. Una mayoría circunstancial no lo puede hacer”; «Una mayoría circunstancial en el Congreso no puede avanzar sobre la Constitución. No pueden votarse superpoderes».
Este proyecto de ley, en principio contrastaría con el artículo 29 de la Constitución Nacional, el que establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
El artículo 29 fue la reacción de los convencionales constituyentes de 1853 contra la suma del poder que la Legislatura bonaerense había concedido a Rosas. Establece la más severa pena imaginable contra los transgresores porque lo que quiere proteger es nada menos que uno de los dos principios fundamentales de nuestro régimen político: el principio republicano. La nuestra es una «democracia republicana». En virtud del principio democrático, concede el Poder Ejecutivo a quien haya sido elegido por el pueblo. En virtud del principio republicano, limita el poder del Poder Ejecutivo con el auxilio de los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, fulminando con el baldón de los traidores a la patria a todos aquellos que atribuyan al Poder Ejecutivo la suma del poder. Es decir, a todos aquellos que despojen a nuestra democracia de su ingrediente republicano.
Pero la mayoría que controla ambas cámaras del Congreso le está otorgando al Presidente la facultad de emitir discrecionalmente los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en lugar de las leyes del Congreso, y al Jefe de Gabinete la facultad de alterar a su arbitrio el contenido del presupuesto nacional. ¿No son éstas las facultades extraordinarias de las que habla el artículo 29 de la Constitución? Aquellos que hoy o mañana quieran honrar el principio republicano, ¿no se verán impulsados, entonces, a acusar a quienes hoy propician según el ex presidente Alfonsín «la muerte de la República», con el cargo terrible de los «infames traidores a la patria»?”.
Del otro lado del charco, en el Día Internacional de la Salud, se realizaron protestas a nivel nacional, por parte de los trabajadores de la salud en reclamo de aumento salariales, la inclusión a la carrera profesional y vacunación a todos los empleados de los nosocomios públicos, bajo la consigna «queremos trabajar vacunados y con salarios dignos». Algunos sectores también reclamaron por «testeos para todo el personal; la inclusión a la carrera profesional Ley 6035 y personal policial en los ingresos al hospital».
Por otra parte, los trabajadores y las trabajadoras de la salud nucleados en la Agrupación Bordó-ANCLA marcharán desde el Congreso de la Nación hacia el Ministerio de Trabajo, en reclamo de mejoras salariales y bajo la consigna «con salarios debajo de la línea de pobreza no podemos vivir: los esenciales no damos más». Reclamando una «inmediata recomposición salarial y el reconocimiento del desgaste laboral». Cesar Latorre, delegado general del Hospital Italiano y referente de la agrupación Bordó-ANCLA, dijo que «el paro que protagonizamos demuestra que sobra fuerza para ganar la pelea por la recomposición salarial». «Lamentablemente, Héctor Daer (titular del Sindicato de trabajadores de la Sanidad), acató la conciliación obligatoria en tiempo récord que dictó el Gobierno, sin ningún tipo de discusión ni advertencia hacia los trabajadores», concluyó. “Los trabajadores de Sanidad damos todo desde el primer día de la pandemia y nuestros salarios siguen desactualizados. Unidos vamos a lograr que se visibilice y se escuche nuestro legítimo reclamo. Exigimos una recomposición salarial inmediata. Paramos 3 horas por turno», indicaron desde la cuenta del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Buenos Aires.
Y nuestra Provincia no queda exenta: trabajadores de la salud protagonizaron una movilización en la ciudad de Córdoba, en reclamo de un mayor reconocimiento a su tarea, tanto en el sector estatal como en el privado. Los bajos ingresos que perciben por su trabajo y la situación de estrés a la que la pandemia de coronavirus los somete desde hace meses fueron los planteos más escuchados en las calles por las que marcharon en caravana. Como ejes de las protestas, plantearon la necesidad de mejoras en sus salarios, pero también la incorporación de más personal ante la demanda que genera la actual emergencia, el pase a planta permanente de los empleados bajo contrato, y una mayor atención en entrega de insumos de seguridad y en contención, dados los riesgos y el estrés que atraviesan en pandemia “Los equipos de salud encaran su labor en una segunda ola, que no llegó todavía a su pico máximo, con agotamiento y sus justos reclamos insatisfechos”, remarcó Jorge Yabkowski. “Cuando hablamos de agotamiento nos referimos al esfuerzo físico y a los perjuicios psíquicos con los cuales nos comprime esta emergencia. Por eso en la antesala del Día Mundial de la Salud reivindicamos nuestro reclamo por los salarios perdidos en 2020 como también en cuanto a la problemática de las vacunas que se producen junto a México, abogando por una solución”, dijo el titular de Fesprosa. No podemos olvidar el polémico dicho del presidente en otro de sus anuncios: “El sistema sanitario se relajó”. Lo que provoco fuertes reacciones tanto del personal sanitario como de la ciudadanía en general.
El intensivista Ignacio Santolaya (37) dice que los y las profesionales de la salud no son héroes, que esa visión es poco realista, que oculta verdades que es necesario contar. Y las cuenta: “que la pandemia expuso los problemas crónicos del sistema, como la precarización laboral, la falta histórica de personal idóneo para terapia intensiva, la imposibilidad de entender como un todo al sector público y privado y de unificarlos bajo una misma directriz. También –cuenta– sacó a la luz la incoherencia de las decisiones oficiales, la gestión ineficiente de recursos, las soluciones a las apuradas, como la compra de camas y respiradores sin contar con recurso humano. Por todo eso, dice que no son héroes, sino que más bien los convierten en cómplices de esos problemas crónicos que no resolvieron –ni este gobierno ni los anteriores–, porque son ellos y ellas quienes intentar dar respuestas; las que pueden, no las que quieren.”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamamiento a los gobiernos y a los dirigentes del ámbito de la atención de la salud para que aborden las persistentes amenazas a la salud y la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes. «La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos los papeles fundamentales que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas,» ha dicho el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. La Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la OMS es un paso para velar por que los trabajadores de la salud tengan las condiciones de trabajo seguras, la capacitación, la remuneración y el respeto que merecen.» La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del sistema de salud y de la sociedad. En la Carta, publicada con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, se hace un llamamiento a los gobiernos y a los responsables de los servicios de salud a nivel local para que adopten medidas destinadas a proteger mejor a los trabajadores de la salud. Se trata de medidas para proteger a los trabajadores de la salud de la violencia, mejorar su salud mental, protegerlos de los peligros físicos y biológicos, promover los programas nacionales de seguridad de los trabajadores de la salud, y vincular las políticas de seguridad de los trabajadores de la salud con las políticas de seguridad del paciente existentes. Un salario digno, sin dudas, es esencial para el desarrollo adecuando de estos trabajadores esenciales, más aún con la inconformidad ante las paritarias acordadas en materia de sanidad.
En conclusión, los reclamos del personal de salud y el proyecto de ley que anticipa una inconstitucionalidad insanable, son tópicos de tratamiento urgente e impostergable a nivel país. Proteger la constitucionalidad de la República e impulsar las condiciones dignas de trabajo para sus trabajadores sanitarios en un contexto pandémico resulta un debate condicionado por la urgencia y la fragilidad de la confianza política.
*Estudiante de abogacía