Por Tomás Brusco[1]
Una de las definiciones más conocidas de la dicotomía izquierda-derecha la realizó Norberto Bobbio (1909-2004), politólogo y filósofo italiano, quien fue premiado en 1984 con el cargo de senador vitalicio de Italia por Sandro Pertini, il presidente partigiano.[2] Bobbio sostenía que la igualdad es patrimonio de la izquierda, mientras que la derecha favorece la libertad en contra del uso de los recursos estatales para promover la igualdad, viendo esto último como algo contraproducente a nivel económico y/o político. Es decir, para la izquierda hay desigualdades que hay que disolver, mientras que para la derecha hay libertades que hay que promover.[3]
Esta dicotomía, como Bobbio mismo adelantaba, varía según el estado y la época. Además, presenta limitaciones para su aplicación pormenorizada cuando queremos utilizar dichas categorías para analizar la política latinoamericana. La primera es que también la izquierda dice defender la libertad y la derecha dice defender la igualdad. Ningún discurso político latinoamericano de hoy se manifiesta abiertamente en contra de ninguno de esos valores como podría haber ocurrido en 1909 (año de nacimiento de Bobbio) o en 1916 (Ley Sáenz Peña). Aun así, diferente es sostener dichos valores en la actividad política (tendremos para esto que ir a los datos: mirar no solo lo que dicen los políticos, sino también lo que hacen).
Sería difícil analizar los actos administrativos que ponen en práctica políticas públicas para discernir si benefician más la igualdad o la libertad, excepto aquellos que estén cargados de una impronta ideológica fuerte (distribución de riqueza, disminución de tributos, entre otras). Algunas políticas públicas no son estrictamente de derecha ni de izquierda, lo cual disminuye el alcance de dichas categorías para el análisis de la política. Por ejemplo, los derechos humanos o constituir un nuevo tribunal para una ciudad son medidas de índole política que, sin embargo, no parecen resistir al análisis tradicional de ese espectro. Por eso es que han surgido variantes del espectro tradicional, con dos ejes en vez de uno (cuadrados), como los propuestos por Hans Eysenck (radical-conservador; democrático-autoritario), Jeff Greenberg (izquierda-derecha; rigidez-flexibilidad) y David Nolan (libertad económica; libertad personal).
El uso de estos conceptos en la Argentina nos puede ayudar a desentrañar ciertos usos coloquiales del idioma y a proponer soluciones que aúnen, antes que dividir: que sean asertivas y funcionales al desarrollo social. Las sociedades tienden a ser refractarias a los extremos porque su centro ideológico define cuáles son esos extremos. Estos extremos políticos en una sociedad son aquellos bordes de los ejes que presumiblemente generan, en su ejecución estatal, consecuencias percibidas como indeseables para las personas ubicadas en el otro, en el mejor de los casos. Ciertas políticas de carácter neutral en términos de espectro, o extra-espectro (por ejemplo, rediseñar la estructura municipal de una provincia) podrían beneficiarse de la exclusión deliberada de contenidos simbólicos ideológicamente vinculados a un sector intra-espectro. Esto evita controversia y cambia el foco de la ideología hacia la evidencia de la aplicación de la política y al estudio de esta en función de su efectividad. Tal vez uno de los desafíos de este siglo será continuar ampliando la cantidad de políticas extra-espectro, o reducir la apropiación de conceptos por parte del espectro ideológico.
La sobrecarga de significantes beneficia a un grupo o partido por la mayor efusividad y participación que provoca, pero desvía la atención de los resultados una vez que se confunde gestión y militancia, por combinación de ambas prácticas.[4] Esta «confusión inducida» supedita el trabajo técnico a la predilección por un jefe o líder político (generalmente, que ostenta o ha ostentado una posición política y jerárquica superior dentro de la administración estatal) que puede ubicar su interés particular por encima de las normas y de la burocracia, justificando con que su interés particular coincide con el interés público. Asimismo, las posiciones extremas en contextos electorales o democráticos suelen avalar mecanismos extrajurídicos para promover sus fines, arguyendo que estos son más importantes que el estado.
Juan D. Perón, fundador de un movimiento que en reiteradas ocasiones fue señalado como realizador de estas prácticas, en Conducción política propuso que para que el estado se desempeñe correctamente la técnica y la militancia deben separarse: «Yo divido el gobierno en dos acciones: la acción administrativa y de gobierno y la acción de lucha. Esta última es la que permite la administración de gobierno. Si no triunfo en la lucha no llegaré muy lejos en la acción de gobierno. Por eso siempre le he dado una gran importancia. Pero no se pueden mezclar las dos. Este ha sido el defecto de los gobernantes anteriores: mezclar la lucha política con la administrativa y de gobierno. Mezcladas, una interfiere y molesta a la otra, la destruye, la perjudica. Si uno quiere hacer gobierno para la política, volvemos a lo de antes y nos desprestigiamos como gobernantes y administradores y no nos prestigiamos como políticos».[5] Afirmó que gestionar y accionar políticamente al unísono es «gobernar para la política».
Juan Bautista Alberdi dijo de manera célebre en Bases que gobernar es poblar. Podemos agregar hoy que gobernar es integrar: obtener síntesis asertivas necesarias para el crecimiento y la obtención de resultados favorables no solo al gobierno del Río de la Plata, sino a la región. Este criterio de integración fue planteado políticamente en el Senado de la Nación en el año 2003 con la presencia del presidente de Brasil, en el contexto de la búsqueda de fortalecimiento del MERCOSUR y de la creación del PARLASUR (concretado en el 2005).[6][7] Al carecer de sustento ideológico, la integración basada en evidencia —tanto de políticas como de estados— tendría que ser efectiva en términos prácticos para justificarse.
La postura de la integración ha sido criticada como tecnocrática, en desmedro de la prosecución de objetivos políticos de fondo. Esta crítica puede ser rebatida argumentando que la unidad de acción política no es coincidente con la unidad de objetivos políticos. Asimismo, fue criticada como de carácter falsamente superador, cuando simplemente se trataría de otra propuesta ideológica ubicada dentro del espectro ideológico, ya que no definirse por un sector provoca la automática adhesión a otro sector. Esta segunda crítica parte del presupuesto de que la política solo admite el eje izquierda-derecha, el «ellos o nosotros» o el «amigo-enemigo» que daña la conversación y la negociación. Para quien acordar sea un desvalor, su propia intransigencia lo ubicará en una situación perjudicial para el conjunto, sea participando de una situación mayoritaria gobernando o no. Dicho de otra manera, la integración utilizada como excusa para ocultar objetivos políticos o una ideología no será integración como resultado de una búsqueda, sino una excusa instrumentada a través de la integración.[8]
La integración regional en América del Sur se ha visto perjudicada tanto por la ideologización o partidización de los instrumentos multilaterales como por el desprendimiento de estos por argumentos contrarios a dicha ideologización o partidización (son ilustrativos los ejemplos de la UNASUR y del PROSUR).[9][10][11] Es decir, ir por la afirmación o por la negación del acto de integrar, si es por motivos de espectro político (dentro del contexto democrático), debilita al acto porque se pierde en la discusión que lo que se está integrando son estados y no partidos o ideologías. Los estados son históricamente previos al eje del espectro ideológico clásico de izquierda-derecha, y posiblemente serán posteriores (aunque habrá quienes sopesen la igualdad por sobre la libertad y viceversa). Lo que hoy se debate es el futuro de América del Sur y de la población, no solo las estructuras estatales.
La estructura estatal debe servir a la población y no al revés. Hoy, en la fragmentación regional, América del Sur sirve parcialmente a algunas estructuras estatales de eficacia debatible, con reiteradas interrupciones democráticas y represión ilegal (en lo político) y devaluaciones y deuda externa injustificadas (en lo económico) a lo largo del último siglo. Será clave nuestra capacidad de proponer una transformación que permita a los líderes regionales dialogar diariamente para tomar decisiones que beneficien al conjunto para que estas prácticas no se repitan, con un particular cuidado de la educación, del ambiente y de la salud: las claves del siglo XXI.[12][13]
[1] Director de OLEGISAR. Abogado (UBA, Diploma de Honor). Consultor en la Secretaría de Finanzas de la Nación.
[2] Actualmente solo hay seis senadores vitalicios de la República Italiana en ejercicio. Son nombrados por el presidente del país (o, en su defecto, automáticamente se obtiene el cargo al ser expresidente) y, en general, son personas de edad avanzada y reconocidas por la sociedad.
[3] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13569317.2022.2129220
[4] https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35079
[5] https://bcn.gob.ar/uploads/Peron-completopara-web.pdf
[6] https://www.senado.gob.ar/parlamentario/sesiones/16-10-2003/00/downloadTac
[7] http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=195
[8] https://theses.hal.science/tel-03507141/document
[9] https://nuso.org/articulo/prosur-integracion-o-revancha-ideologica/
[10] https://revistafal.com/prosur-y-las-lecciones-aprendidas-de-unasur/
[11] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972013000200007
[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3875179/
[13] https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible#:~:text=La%20Agenda%202030%20presenta%20una,trabajo%20decente%20para%20todos%2C%20ciudades