Por Stefania Vujovich
Las fake news y las campañas de desinformación a través de redes sociales, especialmente durante procesos electorales, son un fenómeno cada vez más común en una diversidad de países democráticos de las distintas regiones del mundo.
La desinformación puede definirse como la propagación intencional de información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y difunde para obtener un beneficio económico o para engañar intencionadamente al público y que puede causar un perjuicio público.[1]
Este fenómeno supone un riesgo en contextos electorales, dado el consumo exponencial de redes sociales por parte de la sociedad. Actualmente, estos medios sociales que nacieron con el fin de interactuar con otras personas y compartir contenido, se han convertido en una herramienta de comunicación relevante en todos los ámbitos, incluido el político.
Como consecuencia del gran uso de las mismas, las redes sociales permiten una rápida e inmediata difusión de noticias, especialmente aquellas falsas. Diversos estudios han confirmado que una historia falsa es mucho más probable que se vuelva viral que una historia real.[2] De hecho, una historia falsa llega a 1500 personas seis veces más rápido, en promedio, que una historia real.[3]
Si bien no existen estudios concluyentes sobre la potencialidad de las campañas de desinformación de manipular la opinión política de cada persona,[4] sí existe consenso en que este fenómeno a través de Internet ayuda a un clima de polarización y afecta el estado del debate público.[5]
El caso más actual sobre desinformación en contextos electorales son las próximas elecciones presidenciales en Brasil, previstas para octubre del año corriente. Diversas fuentes informativas anuncian que existen temores de desinformación y, sobre todo, desconfianza en el sistema de votación.[6]
Con el motivo de combatir la circulación de falsa información, o mejor dicho, a fin de evitar que ello obstruya la formación política de la población, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha establecido alianzas con las principales plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y TikTok para formular mecanismos de identificación de noticias falsas.[7] Creó el Programa Permanente de Lucha contra la desinformación con el fin de reducir los efectos nocivos de la desinformación relacionada con la Justicia Electoral.[8]
Sin embargo, no es la primera vez que Brasil es protagonista en este tipo de campañas (des)informativas. En el 2018, las elecciones se vieron compenetradas por una campaña de noticias falsas a través de la aplicación Whatsapp, la cual es utilizada por, aproximadamente, 120 millones de brasileños.[9] La campaña consistió, en su mayoría, en imágenes que contenían datos falsos respecto de los candidatos y en relación a cómo votarlos.[10]
También podemos observar la existencia de este fenómeno en otras regiones. Tal vez el ejemplo más paradigmático y conocido fue en 2016, cuando las elecciones de Estados Unidos estuvieron impregnadas por una campaña deliberada de fake news en manos de Rusia. Se desarrolló en más de 4 redes sociales y tuvo como principal objetivo impulsar la campaña política de Donald Trump a través de la difusión de noticias falsas sobre su contrincante política, Hilary Clinton. Esto llevó a que algunos órganos estatales iniciaran investigaciones al respecto. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de EE.UU. identificó que, en Facebook, la desinformación se manifestó en más de 80,000 posts que llegaron a, por lo menos, 29 millones de ciudadanos estadounidenses.[11] El fin detrás del contenido publicado era influenciar al electorado a fin de dirigir su voto hacia un candidato particular.
Es tal el nivel de preocupación que este fenómeno genera que la comunidad internacional se ha manifestado sobre el impacto de las campañas de desinformación en los procesos democráticos y en el ejercicio de los derechos humanos. Los diversos sistemas de protección de derechos humanos han expresado que este tipo de campañas se diseñan e implementan para engañar a la población, para interferir con el derecho del público a saber, y el derecho de los individuos a buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, protegidos por las garantías jurídicas internacionales de los derechos a la libertad de expresión y a mantener opiniones. [12]
La manipulación de la información se manifiesta en la creciente abstención en las elecciones, la desconfianza hacia los cargos electos, e incluso el cuestionamiento de los valores democráticos.[13] Sin perjuicio de que aún faltan estudios suficientes para comprobar que las fake news pueden efectivamente cambiar el pensamiento o actitud política del electorado, se ha logrado comprobar que, al menos, generan una pérdida de credibilidad en la integridad electoral y el proceso democrático y debilitación de sus instituciones.[14]
En igual sentido, la desinformación generalizada puede suponer una amenaza importante para el derecho a la participación política, tanto en relación con el derecho a participar en los asuntos públicos como a presentarse a las elecciones y a votar.[15]
Diversos países han tomado un rol activo para combatir este fenómeno. En el derecho comparado, podemos observar que algunos Estados han adoptado medidas legislativas al respecto. Por ejemplo, más allá de las críticas que ha recibido, Francia adoptó una ley en el año 2018 para combatir la difusión de información falsa durante las elecciones.[16] Otorga a las autoridades la facultad de eliminar los contenidos falsos difundidos a través de las redes sociales e incluso bloquear los sitios que los publican.
Muchos otros Estados, por su parte, ejecutaron otro tipo de medidas. En el 2019, el gobierno Canadiense anunció un programa de esfuerzo múltiple para combatir la desinformación antes de las elecciones. A tal fin, se creó un Protocolo Público de Incidentes Electorales Críticos para monitorear al público sobre intentos de desinformación.[17]
En el ámbito nacional, no existe ley que regule la desinformación que circula en período de elecciones nacionales. Sin embargo han existido ciertos esfuerzos para hacer frente a las consecuencias de las fake news.
En primer lugar, cabe señalar que existieron proyectos de leyes cuyo propósito era combatir la información falsa durante procesos electorales. Sin perjuicio de lo cual, no existe actualmente ley vigente al respecto.
En 2018, se presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear la Comisión de Verificación de Noticias Falsas, para la detección, reconocimiento, rotulación y prevención de las noticias falsas, difundidas en medios digitales, durante las campañas electorales nacionales.[18] La misma reconocía los derechos humanos de acceso a internet y a crear, transmitir y publicar contenidos digitales a través de Internet y/o recibirlos sin estar sujetos a restricción, con limitaciones.[19]
En 2019, se presentó un proyecto que proponía una serie de reformas al Código Nacional Electoral bajo la finalidad de controlar las noticias falsas difundidas por medios de comunicación y redes sociales durante campañas electorales.[20] Entre las reformas propuestas, la principal se enfocaba en prohibir la emisión y publicación de avisos que de manera masiva, deliberada, a través de un servicio de comunicación digital en línea, contengan alegaciones inexactas o engañosas de un hecho o afecten la integridad de candidatos, sus familiares y/o agrupación política o que contengan elementos que desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de los candidatos a cargos públicos electivos.[21]
Por otro lado, tanto en 2019 como en el 2021, el Gobierno nacional y la Cámara Nacional Electoral ratificaronel Compromiso Ético Digital. La iniciativa fue impulsada para preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones nacionales.[22] Su misión es construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral y contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión.[23] Dicho compromiso cuenta con diversos adherentes, tanto con agrupaciones políticas como con las principales plataformas digitales.[24]
A modo de conclusión, podemos afirmar que la desinformación a través de medios de comunicación y redes sociales genera cierto impacto en el desarrollo normal de los procesos electorales democráticos. Sobre todo, origina preocupación a los Estados por la potencialidad que tiene este fenómeno para generar desconfianza en los procesos electorales. La desinformación es, actualmente, un enemigo común a todos los Estados.
Sin perjuicio de ello, debemos resaltar que esto podría colisionar con los derechos de las personas de impartir, recibir y difundir información y con el libre acceso a internet. Especialmente en períodos electorales, los ciudadanos tienen derecho a formar libremente su opinión pública, incluyendo medios de comunicación digitales y redes sociales.
[1] Comisión Europea (2018) Joint Communication to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Action Plan against Disinformation, JOIN (2018) final.
[2] Soroush Vosoughi, Deb Roy & Sinan Aral (2018) The spread of true and false news online, Vol. 359, Science. Disponible en: http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
[3] Ídem.
[4] Véase: Stanford News (2017) Stanford study examines fake news and the 2016 presidential election, Stanford News. Disponible en: https://news.stanford.edu/2017/01/18/stanford-study-examines-fake-news-2016-presidential-election/; Carlos Cortés & Luisa Isaza (2017), Noticias falsas en Internet: la estrategia para combatir la desinformación., CELE. Disponible en: https://www.palermo.edu/cele/pdf/FakeNews.pdf
[5] OEA (2019) Desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe, p.5.
[6] France 24 (2022) La desinformación inunda el debate electoral en Brasil. Disponible en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220701-la-desinformaci%C3%B3n-inunda-el-debate-electoral-en-brasil
[7]Programa Permanente de Lucha contra la desinformación, Tribunal Superior Electoral, Brasil, 2022. https://international.tse.jus.br/es/desinformacion-y-fake-news/programa-permanente-de-lucha-contra-la-desinformacion-en-el-marco-de-la-justicia-electoral-de-brasil-plan-estrategico-elecciones-2022
[8] ídem.
[9] Mike Isaac & Kevin Roose (2018) Las noticias falsas inundan WhatsApp en Brasil, The New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2018/10/23/espanol/brasil-whatsapp-noticias-falsas.html
[10] Ídem.
[11] U.S Department of Justice (2019) Report on the investigation into Russian interference in The 2016 Presidential Election, p. 24.
[12] United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Organization for Security and Co-operation in Europe Representative on Freedom of the Media, Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Exprssion and the African Commission on Human and Peoples’ Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information (2017) Joint declaration on Freedom of Expression and “fake news”, disinformation and propaganda, FOM.GAL/3/17.
[13] J.-B. Jeangène Vilmer, et al (2018) Information Manipulation: A Challenge for Our Democracies, Policy Planning Staff (CAPS) of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and theInstitute for Strategic Research (IRSEM) of the Ministry for the Armed Forces.
[14] European Parliament (2019) The impact of disinformation on democratic processes and human rights in the world, p. 13.
[15] U.N. Office of the High Commissioner on Human Rights (2021) A Handbook on International Human Rights Standards on Elections, HR/P/PT/2/Rev. 1, p. 52.
[16] Michael-Ross Fiorentino (2018) France passes controversial ‘fake news’ law, Euronews. Disponible en: https://www.euronews.com/2018/11/22/france-passes-controversial-fake-news-law
[17] CTV NEWS (2019) Feds unveil plan to tackle fake news, interference in 2019 election, CTV News. Disponible en:
[18] Congreso de la Nación Argentina, Proyecto de ley N°5228-D-2018, 2018. Disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5228-D-2018&tipo=LEY
[19] Ídem.
[20] Congreso de la Nación Argentina, Proyecto de ley N°
[21] ídem.
[22]Cámara Nacional Electoral (2021) Compromiso Ético Digital 2021. Disponible en: https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/cne/comp_digit_2021.php
[23] Ídem.
[24] Ídem, Anexo.