OLEGISAR

Observatorio Legislativo Argentino

El rol de la universidad pública en el siglo XXI

Por Tomás Brusco[1]

Vivimos conectados a través de dispositivos con acceso a internet (computadoras, celulares, etc.) que nuestros antepasados cercanos no tuvieron. Este cambio define nuestro día a día porque nos da acceso a personas e información de una manera novedosa, permitiéndonos interactuar con quienes comparten nuestros intereses de manera más sencilla. No obstante, esto ha perjudicado en algunos casos los sentidos locales de pertenencia o de reunión con vecinos y amigos, ya que lo que hacemos vía pantalla, quizá lo dejamos de hacer presencialmente. Como ciudadanos de una «aldea global» (Marshall McLuhan),[2] nos debatimos entre ciudadanos anestesiados y ciudadanos solidarios. La pandemia ha acentuado y acelerado estos rasgos contemporáneos de conectividad y desconexión.[3][4]

En este contexto se encuentra la universidad pública latinoamericana, modelo del cual la Universidad de Buenos Aires (UBA) es ejemplar por su gratuidad, masividad y acceso irrestricto.[5] Siguiendo con el ejemplo de la UBA, encontramos que en pandemia el número de inscriptos para la carrera de medicina ha sido récord.[6] ¿Qué nos lleva a esto? Los médicos de la Argentina han sido y son todavía despreciados por un sistema administrativo, mediático y político que los remunera deficientemente, con bajísima representación política a nivel ministerial en la Nación o en las provincias. El reconocimiento de los aplausos no fue suficiente. Nos llena de felicidad que nuestros compatriotas elijan ayudar a otro mientras los mensajes oficiales que nos llegaban eran de otra índole, en donde a la educación pública se «cae» y la solidaridad y el compañerismo son prácticamente «defectos» que atentan contra la riqueza privada.[7]

La pandemia sigue y las universidades siguen. Entonces, ¿cuál es el rol de las universidades públicas? Si alguien nos dice que puede encontrar la misma información en internet sin tener que trasladarse a un edificio o asistir a una clase, podríamos decirle que sí, que podría. Lo que no podrá es vincularse con sus pares y formar parte de una comunidad. Las comunidades hoy son tan importantes como lo han sido desde el albor de nuestra humanidad.[8] Por eso, es relevante que desde los rectorados de las universidades nacionales se busque el camino para el regreso lo más pronto posible a las aulas en donde se comparte, se enseña, se aprende, se hacen amistades, se rompen amistades, se buscan y desarman amores. Así como en el comienzo de la pandemia en la Argentina (marzo de 2020) fue la UBA quien inició la suspensión general de las clases, cuando el gobierno nacional buscaba continuarlas,[9] hoy es quien debe tomar la iniciativa para que podamos volver a las aulas.

Los cursos virtuales no reemplazan a la educación presencial, aunque los títulos tengan los mismos nombres.[10] ¿Quién podría querer atenderse por un médico que no ha ido a un hospital o asesorarse por un abogado que no ha recorrido los tribunales? Estos dos ejemplos extremos, que no son el caso actual, muestran (extremando) que no nos parece aceptable que la presencialidad sea reemplazada. La fatiga provocada por reuniones virtuales ha sido estudiada y criticada.[11] Gradualmente, en la medida en que la situación sanitaria lo permita, debemos reconstruir a las universidades públicas como ámbitos de intercambio, de solidaridad y de compañerismo. Son el ámbito apropiado para una América Latina más justa y próspera, en donde cualquiera puede acceder y con esfuerzo hallar un lugar específico en la sociedad. Quienes han pasado por la educación pública y usan su título o las habilidades sociales que han adquirido para armar políticas públicas en contra de la misma universidad pública, perjudicando a generaciones futuras (entre las cuales posiblemente se encuentren sus propios hijos o nietos), son calificables como ciudadanía anestesiada, frente a la solidaria que sigue pujando por un sistema que distribuya el conocimiento en la era de la información.

Información y conocimiento son dos conceptos similares y entremezclados que, sin embargo, a veces pueden practicarse como opuestos, ya que la sobreabundancia de información atenta contra la adecuada formación.[12] Este es otro rol que las universidades deben asumir, asistiendo a la pormenorizada revisión (sin exacerbaciones ni cambios repentinos o a puertas cerradas) de sus planes de estudio de la época de la vuelta a la democracia para adaptarlos a las tecnologías nuevas, permitiendo que los profesionales graduados en los años venideros estén aptos para discutir y dialogar sobre estos temas; sea en ingeniería, derecho, veterinaria, arquitectura, historia, etc. El plan actual de estudios de la Facultad de Derecho de la UBA, por ejemplo, es una versión retocada del plan de 1983, sin mayores modificaciones, con «CPC» y «CPO» prácticamente intactos, y con un modelo de práctica profesional en el cual los empleados judiciales pueden «esquivarlo», como si fuera un obstáculo que saltar por tener un contacto dentro de un poder judicial. Estamos hablando de educación pública y de comunidad. Con el criterio este plan, alguien de económicas que trabaje en el BCRA o en la CNV podría saltearse finanzas, alguien de medicina que trabaje de enfermero podría saltearse prácticas clínicas, etc. La universidad latinoamericana no está para estas desigualdades.

Uno de los grandes puntos a favor de las universidades públicas es el cogobierno estudiantil logrado en la reforma de 1918, junto con graduados y profesores. Esto permite que la elección de los rectores nacionales sea en parte realizada por estudiantes, lo cual fue un importante avance hacia la democratización de los claustros. Aun así, no debemos darnos por satisfechos con el «reformismo» de hace más de cien años, especulando con que con elecciones sin participación vamos a lograr una mejoría institucional. Parafraseando una histórica frase argentina: reformistas somos todos.[13] En 1949 llegó la gratuidad universitaria por un decreto de Juan Domingo Perón, que duplicó la matrícula en pocos años.[14][15] Con la reforma constitucional de 1994 se logró también que las universidades sean autónomas y que ningún presidente pueda intervenir arbitrariamente en asuntos internos políticos o económicos. ¿Cuál es el próximo paso adelante? La propuesta es que las universidades nacionales impulsen ámbitos de participación presencial y de conexión entre alumnos, docentes y funcionarios vinculados con las distintas áreas de estudio, imitando en ocasiones actividades que realizan universidades como Harvard, que fomentan pasantías y la facilita la búsqueda de trabajo de una manera eficiente.[16] Los rankings universitarios nos ayudan a comparar lo que hacen otras universidades de países distintos, para copiar las prácticas que resultan efectivas, como si fuéramos aprendices de un instrumento musical.

Las universidades de la Argentina están encaminadas para el siglo XXI. Resta que los dirigentes estudiantiles, de graduados y de profesores impulsen mejorías para sí mismos y para terceros, invocando para adentro de las aulas aquello de la extensión del reformismo, que sale de la universidad a buscar a la ciudadanía. La ciudadanía solidaria universitaria debe verse en su mejor expresión no solo fuera de las aulas, como la hemos visto en estos años de pandemia,[17] sino también para sus interiores. Que las actividades extracurriculares de grado y posgrado no sean solo para los amigos de los administradores o para quien es lo suficientemente habilidoso como para darse cuenta de los beneficios que estas conllevan, sino que la vinculación entre el alumno y la facultad la propulse la misma institución, dando un ámbito que no sea «de la casa a la facultad y de la facultad a la casa», sino que se fomente, como en otros países, que la facultad misma es una segunda casa, que ahí uno puede desarrollarse con otros, para mejoría incluso de uno mismo, aunque no practique una ciudadanía solidaria.

Cuando la solidaridad conviene, es mucho más sencilla de practicar. En la universidad pública y en la Argentina, la solidaridad conviene. Recordemos que el sistema universitario argentino es gratuito no solo para los argentinos, sino para cualquier habitante del mundo con una documentación fácilmente adquirible: DNI. Este sistema universitario depende en gran parte de puestos públicos electos indirectamente por el voto popular: Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Educación de la Nación, Banco Central de la República Argentina y Cancillería.[18] Hoy (22 de diciembre de 2021) los cuatro puestos están ocupados por graduados del sistema universitario público, por lo cual esperamos que cumplan con mantener en un alto estándar la educación que han recibido, mejorándola en lo que puedan aportar.

Asimismo, la Cámara de Diputados de la Nación también cumple un rol clave, ya que es la encargada de aprobar el presupuesto nacional, dentro del cual se encuentra el financiamiento de las universidades. Es de suma importancia que el financiamiento no se licue en términos de poder adquisitivo con la inflación, que es un flagelo que azota a nuestro país desde el siglo XIX, acentuado a partir de la gestión de Celestino Rodrigo en el año 1975.[19] Es deber de cada graduado y estudiante revisar el presupuesto para afirmar que hemos mejorado en la distribución, y que el sistema universitario está recibiendo sostenidamente el financiamiento que le corresponde. Pese a lo dicho, el presupuesto de 2022 recientemente rechazado presentaba un recorte en la asignación a las universidades de aproximadamente 34.000 millones de pesos, en particular en el área de los hospitales universitarios como el Hospital de Clínicas de la UBA.[20][21] El Consejo Superior de la UBA se ha manifestado en contra de este recorte.[22] Es insólito que en este contexto se plantee desde la JGM y desde la HCDN reducir el presupuesto de los universitarios, en particular en salud.

Hoy la Nación tiene un activo principal: su sistema universitario. No hay otro más importante para el siglo XXI y para el desarrollo de esta comunidad latinoamericana que la integración, la educación, el desarrollo democrático y la formación en valores solidarios. Para funcionar, el sistema necesita el financiamiento y la solidaridad de todos los argentinos que pagan sus tributos. Esto no es un problema hoy, sino que lo es la política que recorta recursos destinados a universidades con argumentos varios, e incluso dentro de las universidades la asignación de fondos no es en cada acto administrativo la oportuna para el progreso de la universidad. No obstante, lo segundo es discutible en términos de oportunidad, mérito y conveniencia (un tema de derecho administrativo), mientras que lo primero es una simple cuestión nominal combinada con el poder adquisitivo del peso argentino, más fácilmente resoluble, más fácilmente cuestionable. ¿Por qué se busca solucionar el déficit fiscal apuntando a un sector que hoy no tiene capacidad de movilización porque se encuentra vinculado solidariamente con la ciudadanía, asistiendo y ayudando? ¿Por qué desfinanciar a la salud en una pandemia?

Otro punto para tener en cuenta es el rol de los sindicatos no docentes y de los trabajadores universitarios, sin quienes las tareas diarias de estas instituciones no serían posibles. Esto no quita que los sindicatos tengan que abrir sus puertas a generaciones más jóvenes y a personas por fuera del ámbito sindical. Entrar a trabajar a una universidad, al igual que al poder judicial o a cualquier oficina pública, debería estar sometido a un contralor ciudadano democratizado. Donde hay un verticalismo arbitrario en las decisiones públicas, la democracia pierde, en particular en lo referido al manejo de fondos para contrataciones de empresas, trabajadores autónomos o personal con contrato de empleo público.

Las universidades públicas siguen teniendo el desafío de incluir y desarrollar comunidad, pero no es esa solamente su tarea. También deben formar profesionales y ciudadanos capaces de liderar en lo que vendrá del siglo XXI con esta impronta de solidaridad y guiar a la Nación a través de los cambios que nos impondrán las redes sociales, las criptomonedas, las amenazas ecológicas, entre otros desafíos. Para esto es importante que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),[23] sea no solamente una reunión amistosa de rectores, sino que también puedan convocar a eventos masivos, con votaciones y participación en donde los estudiantes, graduados y profesores puedan dar opiniones sobre temas controversiales o de debate público, de manera que la sociedad argentina posea un registro de lo que su comunidad académica opina en términos generales, y no solo guiarnos por los videos de quienes la HCDN convoca a disertar sobre un tema o por opiniones mediáticas generales.[24] Hoy las votaciones universitarias se dividen por universidad. Lo preciso sería exigir mayor articulación política y argumentativa entre el CIN y el Congreso de la Nación.

De esta manera, el sistema universitario argentino aportará lo mayor de sí para el desarrollo de nuestro país. El modelo son los pasillos llenos y convocatorias abiertas. No olvidemos para qué están nuestras universidades. Si lo olvidamos, serán un recuerdo nomás, edificios en vez de comunidad. Disfrutémoslas: son nuestra segunda casa.


[1] Abogado (UBA). Director de OLEGISAR.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Global_village

[3] https://www.youtube.com/watch?v=pSmVD31Qg0Q

[4] La conectividad es mediática, la desconexión es local.

[5] https://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2011/estudiantes2011.pdf

[6] https://www.infobae.com/educacion/2021/04/02/nuevo-record-de-inscriptos-al-cbc-de-la-uba-cuales-fueron-las-carreras-mas-elegidas-y-las-que-mas-crecieron/

[7] https://www.revistaanfibia.com/caer-publica/

[8] https://www.communitypsychology.com/sentido-de-comunidad-y-participacion/#:~:text=El%20sentido%20de%20comunidad%20ha,cooperativo%20entre%20todos%20sus%20integrantes.

[9] https://www.ambito.com/informacion-general/uba/la-facultad-medicina-suspendio-clases-presenciales-coronavirus-n5088620

[10] https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/aprender-empatia-por-zoom-ninos-perdieron-pandemia/

[11] https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1

[12] http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19258/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[13] Decir «soy reformista» en una universidad pública argentina equivale a decir «soy republicano» en la discusión nacional, porque es el estado actual de los estatutos universitarios.

[14] https://www.argentina.gob.ar/noticias/70-anos-de-gratuidad-universitaria

[15] La gratuidad tuvo sus vaivenes con las dictaduras militares posteriores a 1949 (hasta 1983).

[16] https://ocs.fas.harvard.edu/career-pathways

[17] https://www.uba.ar/noticia/19949

[18] Los acuerdos internacionales cobran cada día más relevancia para la sustentabilidad el sistema universitario de excelencia.

[19] https://tradingeconomics.com/argentina/inflation-cpi#:~:text=Inflation%20Rate%20in%20Argentina%20averaged,percent%20in%20February%20of%201954.

[20] https://prensaobrera.com/universidad/presupuesto-2022-le-arrebatan-34-000-millones-al-ajustado-presupuesto-universitario/

[21] https://www.lanacion.com.ar/sociedad/afirman-que-pese-al-impacto-de-la-pandemia-en-2022-caera-un-62-el-presupuesto-nacional-para-nid17112021/

[22] https://www.infobae.com/educacion/2021/11/25/la-uba-rechazo-la-reduccion-en-el-presupuesto-universitario-que-preve-el-presupuesto/

[23] Organismo presidido por primera vez por Oscar Shuberoff en 1986.

[24] https://www.cin.edu.ar/instituciones-universitarias/

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