Por Oscar Blando

La boleta única de papel (BUP) es un instrumento de votación donde todas las listas que compiten para un mismo cargo son presentadas al elector en una sola boleta que es diseñada, impresa y distribuida por el Estado. Es decir, la BUP es una dimensión del sistema electoral, no es todo el sistema electoral. Es importante advertirlo porque permite no atribuirle a la BUP problemas que le son ajenos ni adjudicarle soluciones que no puede brindar.

La BUP se refiere al debate sobre el acceso al sufragio y a la equidad en la competencia electoral pero no trata ni resuelve las otras dimensiones del sistema electoral: el tema de las circunscripciones electorales ni su magnitud, ni el formato de las listas ni el cálculo de la conversión de votos en bancas.

Como en todo sistema electoral, -en este caso, un instrumento de votación- no hay modelos ideales, perfectos o neutros. A todos pueden adjudicársele ventajas y desventajas, características, sesgos o consecuencias que deben ser dimensionadas, discutidas y evaluadas antes y no después de la sanción de una ley.

Hoy precisamente se discute en el Congreso la adopción de la BUP a nivel nacional. Existen muchos aspectos que merecen atenderse, pero quiero detenerme especialmente en uno, que está en el centro de la discusión por su importancia y su posible impacto en la representación política.

¿Cuál es el diseño a elegir de BUP? ¿El de Córdoba y Mendoza (con sus diferencias) como parece inclinarse la mayoría parlamentaria, o el de Santa Fe?

En el primer caso, todas las opciones electorales son ofrecidas en una misma boleta y, en el diseño santafesino, existen tantas boletas únicas como categorías a elegir. La principal diferencia está en el tipo de voto que cada uno puede alentar: el primero, a un mismo partido o alianza para todas las categorías, favoreciendo el “arrastre” (la boleta sábana horizontal), más aún si tiene la opción de lista completa; o el santafesino, que también permite el voto a un solo partido, pero favorece la posibilidad de elegir distintas opciones políticas por categoría (“voto cruzado”) que es el equivalente al actual “corte de boleta”.

La discusión es válida: se prefiere gobernabilidad, mayorías o posibilidad de gobiernos divididos con equilibrio de poderes. Es un debate más político que técnico. Tanto en Córdoba como en nuestra provincia de Santa Fe, desde 2011, la BUP, con diferentes diseños, ha sido aplicada con reconocido éxito y respaldada por políticas públicas sostenidas y con alta legitimación social.

Es cierto que en Santa Fe con la BUP por categoría hubo gobiernos “divididos”, pero no ha sido una ley de hierro y, en todo caso, alguna de las razones se debe a la propia estructura de la Constitucional Provincial. El Justicialismo desde 1987 a 2023 ganó siempre el Senado utilizando tanto Lemas, PASO como BUP. Y el año pasado, la lista encabezada por el actual Gobernador, Maximiliano Pullaro obtuvo, con BUP, mayoría en ambas Cámaras.

A la hora de su implementación a nivel nacional entonces es necesario evaluar, tener en consideración datos empíricos, experiencias concretas y advertir con antelación, posibles inconvenientes.

En este sentido: en contextos de gran fragmentación de la oferta electoral sumado a las PASO y especialmente en los grandes distritos (Provincia de Buenos Aires, por ejemplo), el diseño de BUP cordobés o mendocino puede contener un doble inconveniente: el tamaño de la boleta y la complejidad del elector para encontrar su opción electoral. Hay evidencia que el modelo santafesino por categoría, minimiza esos inconvenientes. Daré un ejemplo: en las últimas elecciones, año 2023, en las PASO, donde se elegían cinco categorías y por tanto se utilizaron cinco boletas únicas, hubo (en el Departamento Rosario): 13 listas con candidatos a Gobernador, 26 a Senador, 30 a Diputado, 19 a Intendente de Rosario y 54 a Concejales de Rosario. Si se hubiera utilizado el modelo cordobés o mendocino, en una misma boleta deberían haberse incluido 142 candidatos. Esto lleva a una primera conclusión: no parece conveniente para los grandes distritos con muchas candidaturas la utilización de una única boleta que concentre todas las categorías en juego. Es necesario advertirlo y discutirlo antes y no después de la sanción de la ley.

En toda reforma electoral y en especial en ésta, de notable importancia cívica, debe existir coherencia entre lo que se persigue y las medidas que se proponen y deben haberse identificado y evaluado los efectos positivos, pero también los no deseados de las reformas que se impulsan.

Es necesario un debate legislativo y público informado para evitar frustrar un instrumento de votación que es el utilizado en la absoluta mayoría de los países democráticos del mundo, incluía Latinoamérica y que funciona bien -aunque es siempre perfectible- en las provincias y ciudades argentinas donde se lo ha implementado.

También, y es esencial, debe haber voluntad política de un Estado nacional que desde las distintas instancias que hacen a la gobernanza electoral tenga un compromiso activo que no escatime esfuerzos ni recursos para informar a la ciudadanía, capacitar a autoridades de mesa y convocar a partidos y órganos jurisdiccionales a fin de administrar la incertidumbre y combatir la desconfianza electoral con reglas claras, transparentes, previsibles y equitativas.

El sufragio es un derecho de los electores, no una concesión del poder. Por ello, el instrumento de votación, “cómo se vota”, debe ser pensado, legislado e implementado desde la mirada y en beneficio de los votantes, del demos, y no desde la circunstancial conveniencia de los actores políticos.