Por Tomás Brusco
En la época de internet, ¿para qué sirven las oficinas públicas de abogados? Quizá en la época de las telecomunicaciones debamos replantearnos la utilidad y la necesidad de tener en horario fijo a trabajadores del derecho forzados a concurrir a una oficina con propósitos de difícil elucidación, más allá del cumplimiento de deberes jurídicos específicos.
En la administración pública, algunas oficinas jurídicas sirven de atención al público, para ayudar a los ciudadanos. No obstante, estas no son la mayoría (pocas son de fácil acceso público), y en las pocas disponibles los abogados no están preparados para contestar lo que el ciudadano demanda, en general, porque no son sus abogados particulares sino que hablan como funcionarios o como empleados públicos que defienden a una persona, o como contratados, pero no como profesionales de la atención al público. Los abogados de la administración no son una defensoría. Para eso están las defensorías.
¿Para qué sirven las oficinas de abogados? ¿Para que se conozcan entre ellos? ¿No sería mejor realizar reuniones sociales por un lado y las reuniones virtuales de trabajo por otro? Si de cualquier forma el abogado va a ir a una oficina a cumplir con un trabajo frente a una computadora, probablemente más deficiente que la que tiene en su hogar, ya que el Estado argentino no es fanático de gastar dinero en mejores computadoras, teclados, mouse(s), entre otros, para sus abogados, ni debería.
Además, deben considerarse los efectos ecológicos, económicos y sanitarios de que cientos de abogados de municipios, provincias y organismos nacionales no deban trasladarse a diario en transporte público o privado, con mejor disponibilidad para realizar una tarea que pueden realizar en su casa.
Sobre el «control laboral», si pensamos que los mismos administradores deben controlarse a sí mismos, esto debería ser argumento suficiente para saber que el control puede realizarse también a distancia. Los abogados tienen obligaciones de medios claramente verificables a través de expedientes judiciales. El problema llegaría con los expedientes no digitalizados de la administración, que es una gran deuda pendiente de la democracia, ya que dificulta la transparencia de las instituciones.
Mención aparte merecerían los abogados independientes. Es decir, los abogados privados. Sobre ellos el sitio Legal Cheek afirma que el 60% no quiere volver a una oficina post cuarentena, y que el trabajo a distancia le ha resultado beneficioso.
Entonces, cuando volvamos a las oficinas, ¿deberíamos volver a las oficinas? ¿O cómo? Esta oportunidad para abrir espacio al debate sobre el funcionamiento habitual de las instituciones jurídicas no debería ser desaprovechada.
El link de la nota mencionada: https://www.legalcheek.com/2020/05/over-60-of-legal-staff-want-to-work-from-home-post-lockdown/