Por Maximiliano Márquez
Antes de indagar la iniciativa parlamentaria que llevó a la creación de este Consejo Nacional nos parece atinado realizar un breve recorrido histórico sobre la cuestión referida a las Islas Malvinas que, si bien se encuentra presente en la memoria colectiva de los argentinos y argentinas son pocos los que cuentan con información fehaciente sobre la temática.
La colonización y sus respuestas: guerra, diálogo, desencuentros y alineaciones.
El 6 de noviembre de 1820, un oficial de la Marina llamado David Jewett en representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata tomó posesión de las Islas en Puerto Soledad. Posteriormente, el gobierno central le adjudicó al territorio una autoridad nacional para su control y gobierno. Trece años después de la posesión argentina sobre las Islas, el Reino Unido, en un acto totalmente sorpresivo, atacó a la población y autoridades residentes en aquel territorio dando inicio a una centena de años de usurpación del territorio por parte de la potencia europea que continúa aún en la actualidad. Muchas fueron las respuestas que se llevaron a cabo desde nuestro país para lograr una resolución del conflicto. Una vez lograda la imposición de una guarnición británica en las Islas, la Argentina auguró una solución a la disputa a través del dialogo y negociaciones con organismos internacionales de por medio. Este método resultó satisfactorio: durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón nuestro país estuvo muy cerca de recuperar la soberanía del territorio en disputa. La tan ansiada resolución, anhelada por millones argentinos, se frustró con la muerte del mandatario en el año 1974 (Caplan & Eissa, 2015).
Con la llegada de la Junta Militar al gobierno mediante el golpe de estado a Isabel Martínez de Perón, Argentina se embarcó en una guerra contra la potencia mundial británica seis años más tarde. Luego de la derrota de las tropas argentinas, la cúpula militar solicitó la creación de una comisión investigadora que detallase las posibles responsabilidades de los altos mandos militares en aquel desenlace final del conflicto bélico. El informe final (Junta Militar, 1982) presidido por Benjamín Rattenbach echó luz hacia todas las fallas estratégicas que llevaron al fracaso en los objetivos planteados por los altos cargos militares y sus responsabilidades en la derrota y fallecimiento de más de medio centenar de soldados argentinos.
Con el advenimiento de la democracia en el año 1983 hasta la asunción del presidente Néstor Kirchner, las decisiones en torno a la soberanía sobre las Islas se adaptaron al contexto nacional y global: en pos de profundizar la liberalización de los mercados y siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington, Carlos Menem optó por dejar de lado la cuestión y alinearse a las exigencias de las potencias, incluidas las del Reino Unido. En 2003 con la llegada del mandatario santacruceño a la Casa Rosada, se volvió a insistir con el derecho de nuestro país sobre la soberanía del territorio y se desarticularon los acuerdos (principalmente económicos) establecidos durante la presidencia de Menem. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también siguió con la misma política de Estado frente a la disputa, intensificando las presiones dentro del territorio. Una de las medidas que se tomo fue la obligatoriedad en la solicitud de permisos de tránsito de buques que circulen entre los puertos de las Islas y aquellos ubicados en el territorio argentino (Caplan & Eissa, 2015).
El recorrido por los diferentes posicionamientos de los gobiernos de turno en Argentina nos lleva a indagar sobre las razones por las cuales la Argentina debe mantener su reclamo por la soberanía o, dicho de otro modo, responder a la siguiente pregunta: ¿por qué reclamar la soberanía del Atlántico Sur? Parece ilógico plantear esta cuestión debido a que durante toda nuestra infancia y adolescencia nos han resaltado, principalmente en los ámbitos académicos, que las Islas Malvinas son argentinas. No obstante, si esto fuese una verdad revelada, no habría lugar para que mandatarios/as desconozcan la causa y “desmalvinicen” el reclamo.
Como mencionamos, la ocupación del territorio se dio de manera ilegal mediante el uso de la fuerza por parte de tropas inglesas, desalojando autoridades y ciudadanos/as que se encontraban allí desde el año 1883. Esta es una de las razones básicas por las cuales se reivindica al territorio como parte de Argentina. Reino Unido, al ocupar las Islas, pretendió y obtuvo un lugar geopolíticamente estratégico dentro del sistema internacional en general y el Atlántico Sur en particular. Según Caplan y Eissa (2015) “la postura británica gira en torno a una perspectiva geopolítica en base a la eventual explotación de recursos naturales” (p. 15). Lejos de (pre)ocuparse por los isleños e isleñas que habitan el territorio, la potencia europea utilizó dicha estrategia para posicionarse y controlar el pasaje de Drake, que es el que separa a América del Sur con la Antártida. A su vez, le permite la utilización de la ocupación del territorio como “puerta de ingreso” al continente antártico.
Obtener la soberanía de las Islas, si bien es un fin en sí mismo, también debería considerarse un medio. Un medio para repensar las estrategias de Argentina dentro del territorio de las Islas y la Antártida, posicionarse como país bicontinental y hacerse de los recursos estratégicos que se hayan en dichos territorios. Como sostiene Klare (2001), en los nuevos conflictos bélicos toman relevancia las cuestiones económicas frente a las ideológicas (predominantes durante la guerra fría). Dentro de las primeras, se ubican primordialmente la obtención de recursos vitales para el desarrollo de las naciones y en este campo, América Latina se encuentra dentro de los continentes con más abundancia de minerales, petróleo, agua dulce o gas. Dentro de esos extensos territorios marítimos y terrestres se encuentran recursos estratégicos relevantes tales como pesqueros, petrolíferos, acuíferos que se vuelven centrales a la hora de pensar el desarrollo económico y social del país de cara al futuro. Un futuro en donde las principales potencias carecerán de los recursos que Suramérica gozará (CEED, 2015).
La cuestión del Atlántico Sur bajo la actual administración gubernamental.
Dentro de las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes (en adelante, Consejo Nacional). Se creó bajo la sanción de la ley N° 27.558 (2020) por parte del Congreso Nacional. Fue reglamentada por la Presidencia de la Nación bajo el decreto N° 822/2020.
Sus objetivos son: (1) Fomentar la generación de los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan como fin efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes; (2) Colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos; (3) Proponer y llevar a cabo actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas; (4) Realizar acciones destinadas a colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas en el ámbito regional y global; (5) Proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Ex Combatientes de la guerra por las Islas y caídos en combate y de sus familiares. La autoridad de aplicación designada es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a cargo del secretario Daniel Filmus, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dicho Consejo Nacional pertenece al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional por lo que está presidido por el presidente o presidenta de turno, el ministro o la ministra de Relaciones Exteriores, el secretario o la secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, un (1) diputado o diputada designada por cada uno de los tres (3) bloques con mayor representación parlamentaria en la Cámara de Diputados, un (1) senador o senadora designada por cada uno de los tres (3) bloques con mayor representación parlamentaria en el Senado de la Nación, el gobernador o gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; dos (2) especialistas en Derecho Internacional; tres (3) representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia; y un (1) representante de los Ex Combatientes de Malvinas.
El Consejo Nacional: sus luces.
Dentro de los aspectos positivos de la política pública llevada a cabo por la administración de Fernández resaltamos la importancia de volver a concebir a la cuestión de las Islas y su soberanía en disputa como un problema central dentro de la política nacional, regional y mundial. Luego de años en donde se “olvidó” el reclamo por nuestros derechos sobre el territorio en conflicto y se priorizaron alineamientos político-económicos con la potencia usurpadora, destacamos que se tome una postura definida y clara sobre el tema. La creación de este Consejo Nacional gira en torno a esto.
Su creación y sanción en base a la unanimidad de todos los diputados y diputadas y todos los bloques del Senado de la Nación le otorga un rango superior a la iniciativa. Al no ser un decreto arbitrario por parte del presidente que habilita su fácil derogación ante un cambio de gobierno, la conjunción del apoyo de todo el arco partidario lo dota de una legitimidad mayor. A su vez, la constitución de sus autoridades reúne a los bloques parlamentarios mayoritarios garantizando la efectiva participación tanto del oficialismo como de la oposición. Este consenso logrado también permite pensar políticas de Estado que logren una perpetuidad en el tiempo. Que las políticas sean de Estado, y no de un gobierno en particular, aseguran su trascendencia ante los cambios gubernamentales.
La incorporación dentro de la iniciativa de los excombatientes de la guerra de 1982 es una medida reparadora que augura una inclusión de su experiencia y conocimiento sobre la temática y, a su vez, funciona como un homenaje por el valor de defender los intereses nacionales en aquel conflicto bélico de comienzos de la década de 1980.
El Consejo Nacional: sus sombras.
Dentro de los aspectos criticables a la iniciativa se encuentra la exclusión en sus espacios de competencia del territorio antártico (explícitamente nombrado). En su denominación se hace referencia a los “Espacios Marítimos e Insulares correspondientes” pero no se menciona a la Antártida, espacio geográfico reclamado por Argentina. Es relevante evitar considerar a los territorios del Atlántico Sur por separado, sino como un “todo geopolítico” (Caplan & Eissa, 2015) integral. Un todo que no pierda las especificidades de sus partes pero que tampoco se desagregue en unidades discordantes.
Si bien la composición de sus autoridades remite a todo el arco político la ausencia del Ministerio de Defensa en el aparato institucional, como sostiene Sergio Eissa, es una falla. No podemos pensar el reclamo por la soberanía de un territorio en disputa sin la participación de las autoridades nacionales relacionadas al área de Defensa y las Fuerzas Armadas que son las encargadas de la “preparación, ejecución y control” (Ley N° 23.554, 1988) de la defensa nacional. Ante un conflicto con un actor estatal, externo y militar que se encuentra ocupando ilegalmente nuestro territorio con bases militares inglesas es menester contar con el apoyo y recomendaciones del instrumento militar y su conducción civil. Esto no significa que se abandonen las estrategias pacíficas y dialoguistas que Argentina continúa manteniendo desde el retorno de la democracia ya que la incorporación de las Fuerzas Armadas no supondría el uso de la fuerza. A su vez, nos parece importante resaltar la vinculación estrecha entre la política exterior y la política de defensa (Eissa, 2013). La política de defensa es el conjunto de acciones que mantiene un Estado con el objetivo de perpetuar su supervivencia frente a riesgos o amenazas del exterior. El Consejo Nacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostiene una determinada línea argumentativa que se basa en la política exterior argentina definida por la Cancillería argentina. Esta se encuentra íntimamente ligada a las estrategias de defensa nacional que elabora la conducción civil y el instrumento militar, por lo que resulta necesario incluirlos dentro las iniciativas que competen a los conflictos con fuerzas armadas estatales externas. Si esto no sucede, le estaríamos quitando una de sus competencias y recortando, aún más, su margen de acción.
El Sistema de Defensa Nacional debe proteger los recursos estratégicos de Argentina de cara a los próximos años en donde, como mencionamos, se librarán conflictos bélicos no ya a causa de las diferentes ideologías imperantes sino a raíz de la escasez o el afán por adueñarse de recursos vitales para el desarrollo social y económico de los países. Como sostiene Bruckmann (2011):
La disputa global por recursos minerales, recursos energéticos, gestión de la biodiversidad, del agua y de los ecosistemas de cara a las nuevas ciencias, se desdobla en múltiples dimensiones políticas, económicas y militares. Sin el desarrollo de un pensamiento estratégico que se afirme en el principio de la soberanía y en una visión de futuro de largo plazo, los países latinoamericanos (…) tienen menos condiciones de hacer frente a las enormes presiones generadas por esta situación de disputa (…) (p. 3).
Conclusiones.
Desde el advenimiento de la democracia argentina los posicionamientos gubernamentales en torno al reclamo por la soberanía de los territorios del Atlántico Sur variaron en intensidad. Bajo la actual administración gubernamental se retomó el sendero de reivindicar el derecho sobre las Islas y la Antártida con la creación de este Consejo. Dentro de sus virtudes se pueden encontrar: la puesta en marcha de un férreo reclamo por la soberanía de los territorios ocupados, el apoyo e incorporación de todo el arco político que posibilita pensar políticas de Estado a mediano/ largo plazo y la inclusión de los excombatientes. Dentro de sus cuestiones a mejorar se encuentran: la exclusión dentro de los espacios de competencia del Consejo Nacional del territorio antártico, la falta de una visión general e integral de los territorios del Atlántico Sur y la ausencia del instrumento militar junto con las autoridades del Ministerio de Defensa.
En miras al futuro, se deben pensar estrategias que incorporen tanto a las autoridades ministeriales de política exterior y defensa sobre el desarrollo del escenario geopolítico que representa el Atlántico Sur. De la misma forma que Brasil tiene en cuenta dentro de sus políticas públicas el recurso estratégico que significa la Amazonia, Argentina debe encontrar, priorizar e implementar políticas sobre sus recursos vitales. Uno de ellos es el complejo sistémico sureño. El reclamo por la soberanía del territorio usurpado debe convertirse en un fin y un medio. Lograr la recuperación de la soberanía sería motivo de festejo ante la centena de años de ocupación ilegal. Lograr transformar esa soberanía en un medio para proteger, explorar y explotar los recursos que allí se encuentran beneficiaría a la Nación entera.
Referencias bibliográficas.
- Bruckmann, Mónica. (2011, 12 de abril), “Recursos naturales y la geopolítica de la integración Sudamericana”, en Agencia Latinoamericana de Información, Quito (Consultada el 21 de diciembre de 2020 en https://www.alainet.org/es/active/45772).
- Caplan, Sergio & Eissa, Sergio (2015), “Análisis estratégico del Sistema Malvinas, Antártida y Atlántico Sur”, en Series Documentos de Trabajo N.º 28. Buenos Aires: Escuela de Defensa Nacional (ISSN 2346-9145).
- CEED (2015), “Parte I – Suramérica y su entorno geoeconómico global: tendencias y escenarios” y “Parte II- Principales recursos naturales estratégicos de Suramérica: relevamiento, análisis y sistematización de la data disponible”, en CEED (Ed.), Estudio Prospectivo Suramérica 2025. Buenos Aires: CEED, pp. 23-76.
- Decreto N° 822/2020. Reglamentación de la Ley 27.558. República Argentina. 25 de octubre de 2020. Recuperado de: http://www.saij.gob.ar/DN20200000822#CT002.
- Eissa, Sergio (2013), “Política exterior y política de defensa en argentina: dos caras de la misma moneda”, en Perspectivas de Políticas Públicas, Año 3 N.º 5. Lanús: Universidad Nacional de Lanús.
- Junta Militar (1982). Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur. Informe Final. Recuperado de: https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/01-InformeFinal.pdf.
- Klare, Michael (2001), “Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto mundial”. Barcelona, España: Urano Tendencias. Recuperado de: https://cuadernosdereencuentro.files.wordpress.com/2018/02/guerras-por-los-recursos-klare-michael.pdf.
- Ley N° 23.554. Ley de Defensa Nacional. República Argentina. 13 de abril de 1988.
- Ley N° 27.558. Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias Del Sur, Sándwich Del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes. República Argentina. 25 de agosto de 2020. Recuperado de: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/234031/20200825.