Por Antonela Tomatis
El día de hoy (5/10/21), la primera jueza mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) designada en democracia, presentó su renuncia, luego de una serie de internas en el máximo tribunal que ponen en evidencia que la grita se extiende a todas las instituciones y sectores de la Argentina. La renuncia fue enviada por la magistrada al presidente Alberto Fernández: “Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, comunicó la magistrada.
La jueza Elena Inés Highton fue nombrada en la CSJN en 2004, nominada por el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner. Highton fue vicepresidenta del máximo tribunal entre los años 2005 y 2021, primero como segunda de Ricardo Lorenzetti y luego acompañando a Carlos Rosenkrantz. La jueza permanecía en la Corte Suprema, a pesar de que el artículo 99 de la Constitución Nacional establece para el cargo una edad límite de 75 años, cumplidos por la magistrada en diciembre de 2017. Esto nos trae a la memoria el histórico fallo “Fayt” en 1999 y el actual precedente “Schiffrin”.
“Si la Corte es la interprete ultima de la Constitución, pareciera que, finalmente, saldremos de una situación paradojal con una auto aplicación del precedente Schiffrin” (Ignacio Colombo, 5/10/21, vía Twitter).
Si bien la tensión entre los ministros de la Corte venía desde hace varios años, la crisis llegó a un punto sin retorno el 23 de septiembre cuando se renovaron las autoridades en un escenario insólito. Ese día, el juez Horacio Rosatti fue seleccionado para presidir la Corte hasta septiembre de 2024, en una votación que expuso las grandes diferencias entre los cinco miembros.
Además de votarse a sí mismo, lo respaldaron Rosenkrantz, quien pasará a ocupar la vicepresidencia, y Carlos Maqueda, quien promovió su candidatura, tal como se documentó en la acordada 18/2021. Si, así es, el presidente y vice se votaron a sí mismos y el tercer voto fue de quien hizo la propuesta, sin estar los opositores presentes.
La primera situación llamativa fue que Ricardo Lorenzetti no participó de la deliberación que se realizó de manera virtual. El expresidente de la Corte alegó tener otros compromisos institucionales. Explicó que se encontraba participando en reuniones organizadas por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit, según sus siglas en inglés), y que por ello se encontraba imposibilitado para participar en la cumbre virtual en la que se definió la nueva conducción del Tribunal. Fue ampliamente criticada la imposibilidad de asistencia de Lorenzetti, por un lado, se entiende que es una situación de fuerza mayor y que, además, es un compromiso institucional en el cual actúa en representación del país y no es un problema privado. Por el otro lado, se cuestiona el orden de prioridades, al no asistir a una votación tan importante del rol que le ocupa y dar aviso poco antes de la reunión.
Media hora después del aviso de Lorenzetti, atenta a esta situación, la vicepresidenta del Tribunal, Elena Highton, solicitó la “postergación del acuerdo extraordinario por no estar presente” Lorenzetti. Su pedido fue desestimado, Rosenkrantz respondió: “En virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado en los términos de su convocatoria”. Ante la negativa, Highton decidió no participar en la reunión para renovar a las autoridades del máximo tribunal. Finalmente se impuso la propuesta de Maqueda, quien postuló a Rosatti para ser el trigésimo segundo presidente de la Corte, y a Rosenkrantz, quien también llegó a la Corte por un decreto de Macri, para secundarlo.
El nuevo titular de la Corte llegó al tribunal en 2016, por la designación del ex presidente Mauricio Macri, y antes se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre 2004 y 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En 2016 aportó otra versión sobre su salida del gobierno de Kirchner. En la conferencia de prensa que concedió tras asumir en la Corte le preguntaron si su renuncia estuvo vinculada con los sobreprecios en la obra pública y él contestó: “Muchas veces uno tiene que plantarse y decir ‘no’ frente a algo que le parece que no es lo que corresponde, en ese caso yo dije no porque no me cerraban los precios”.
También se convirtió en blanco de duras críticas del expresidente Macri: “Rosatti terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el statu quo populista”, expresó a través de su libro Primer Tiempo. Rosatti respaldó fallos contra el gobierno de Cambiemos, como el que frenó el aumento de las tarifas de gas. Pero también acompañó decisiones polémicas, como la de 2017 que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. Un año más tarde, la Corte revirtió su postura. El nuevo desencuentro que protagonizaron los ministros del máximo tribunal permite presumir que las diferencias persistirán en el futuro, en el que se esperan definiciones en causas de extrema sensibilidad política, muchas de las cuales tienen como figura a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sobre la vicepresidenta, podemos recordar un “cruce” del 2020 que tuvo con Highton. La jueza le respondió a la vicepresidenta por sus críticas al máximo tribunal, después de que reclamara intervención en la «persecución política» durante la etapa macrista a la que el kirchnerismo denomina «lawfare». «Los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos, ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes», contestó Highton de Nolasco. Esta fue la primera consideración pública de un miembro de la Corte tras los cuestionamientos de la ex presidenta. Cristina Kirchner había reclamado desde twitter que la corte actúe después de que el periodista Carlos Pagni señalara que en 2016 «los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar las fotos de todos los jueces federales que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo».
«Es La Nación, a través de uno de sus principales columnistas, el que describe a medias y a conveniencia algunos de los escandalosos mecanismos del Lawfare sin que, hasta el momento en la Corte Suprema, responsable última del Poder Judicial, se les mueva un pelo», señalo Cristina Kirchner en uno de sus tuits. Highton de Nolasco también se refirió al proyecto de reforma de la Justicia que propone Alberto Fernández y aseguró que más allá de la cantidad de jueces «lo que importa es la honestidad«. Después de sostener que no quería opinar porque «las reformas no están bien claras, hay generalidades, enunciaciones, pero no hay nada concreto», Highton insistió que «es muy relativo» que una mayor cantidad de jueces mejore el desempeño de la justicia.
Recientemente, el ex miembro de la CSJN y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos, entre los cuales se destacó su visión respecto de las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia argentina: «La estructura que tenemos en la Justicia, es anárquica, no ofrece seguridad jurídica. No ofrece previsibilidad. Tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, el control de convencionalidad internacional y además se han atribuido sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa», afirmó y agregó que «la CSJ merecería juicio político. Se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. No podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la Corte ha estado indiferente, no ha tratado de pararlo de ninguna manera”.
Zaffaroni fue más allá y manifestó: “creo que la CSJ merecería juicio político. Se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. No podemos ignorar la realidad del lawfare. Esto ha sucedido. Y la corte ha estado indiferente, no ha tratado de pararlo de ninguna manera”. Para fundamentar ese potencial juicio político hacia los integrantes de la controvertida CSJ, Zaffaroni mencionó dos causas donde considera que el supremo tribunal tuvo fallas serias: “hubo algunas causas, especialmente una que llega a la CSJ, donde se condena a un ex funcionario porque fulano, mengano, perengano dijo… etcétera. Y al principal testigo de la causa le habían pagado con un hotel. Eso está en instrumento público. Y la CSJ dijo: no me interesa tratar la causa y no le abrió la instancia. Tenemos otra sentencia de la CSJ con las clases presenciales, donde tenía que resolver un problema de naturaleza médica, técnica. La CSJ resolvió por sí ante sí, sin convocar a ningún técnico ni escuchar a ningún perito. Como si tuviera una ciencia infusa de epidemiología. Son jueces no son epidemiólogos. Ni siquiera consultaron a su cuerpo médico forense, resolvió según su saber epidemiológico. Creo que son hechos graves”.
Otro de los temas que ocupó gran parte de la entrevista con Eugenio Zaffaroni en “Norte Grande” fue el lawfare o “persecución judicial” y al respecto habló de los medios de comunicación: “sin la pata del medio de comunicación que inventa realidad, no se puede hacer el lawfare”. Y agregó: “nosotros tenemos un problema grave, tenemos un oligopolio de medios que es incompatible con cualquier democracia plural. En el hemisferio norte no hay nadie que pueda comprarse todas las radios, la TV e internet.
El lawfare no solo es de una minoría de jueces y fiscales, pero necesita de la pata de la comunicación. El lawfare es una asociación ilícita entre jueces prevacaricadores, algunos fiscales, los medios de comunicación, con una serie de pseudo periodistas y algunos agentes de inteligencia”.
Sin lugar a dudas, en la Corte suprema de Justicia se corre una suerte de “guerra fría” que manifiesta la grieta política que existe no solo en la CSJN, sino en todo el país. De cara a las próximas elecciones, la inestabilidad política, la desconfianza popular y un contexto económico, social y sanitario en un punto crítico, no hacen más que anunciar un panorama oscuro para la Argentina.
Desde la perspectiva de género, no nos queda más que esperar que el próximo miembro de la Corte sea mujer, y refresque con paridad de género nuevos fallos magistrales que le devuelvan a la Corte su esplendor. No necesitamos civilistas ni penalistas en la CSJN, necesitamos constitucionalistas no sesgados por “chicanas políticas”.