Introducción
El fin de la Guerra Fría trajo consigo grandes transformaciones, entre las que destaca la exacerbación de la globalización y las aperturas de mercados y fronteras; pero estas dinámicas desencadenaron también una evolución en el crimen organizado (Devia-Garzón, Camilo Andrés et al., 2019). La globalización fomentó una expansión económica, social, tecnológica y cultural que superó los límites nacionales (Barras, 2014), abriendo nuevas oportunidades tanto para el ámbito privado, como para el público, representado. Sin embargo, estas aperturas también fueron aprovechadas por actores ilícitos, dando lugar a un fenómeno emergente, el crimen organizado transnacional (COT). En esta transformación, los grupos criminales modificaron sus formas tradicionales de acción local para adoptar estrategias transnacionales (UNODC Organized Crime, 2021).
Este fenómeno transnacional, envuelve una serie de crímenes tales como el tráfico de armas, drogas, personas; blanqueo de capitales; trata de personas; obstrucción del sistema judicial; entre otros, (United Nations, 2024) los cuales generan una ganancia significativa para los grupos delictivos, creando así una gran diferencia entre Estado y estos organismos. Como declaró el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2010, estos grupos suelen estar mejor equipados que muchos Estados, dificultando su persecución y enfrentamiento. Este desequilibrio se ha visto exacerbado por la globalización y las consecuencias que ésta ha traído consigo (Devia-Garzón, Camilo Andrés et al., 2019).
El gran poder económico de los grupos por la recaudación creada en base de los actos delictivos mencionados previamente, ha perpetuado las acciones ilícitas. En base al reporte de Global Financial Integrity (2017), el ingreso del crimen transnacional se estimaba que rondaba entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares anuales, con solo la rama de narcotráfico trayendo de $426 a $652 billones al año (Transnational Crime Is a $1.6 Trillion to $2.2 Trillion Annual “Business”, Finds New GFI Report, 2017). Cabe destacar que, debido a la naturaleza ilegal de estas actividades y al tiempo transcurrido desde la publicación de dicho informe, es razonable especular que estas cifras hayan aumentado considerablemente.
De esta forma, los recursos apuntados a perpetuar los ilícitos son considerablemente superiores a aquellos invertidos a su combate, terminando en el fortalecimiento de los grupos de accionar transnacional y en el desgaste de Estados en regiones donde no hay cohesión en materia de seguridad como lo es América Latina. Esta región es hogar a solamente el 8% de la población mundial pero también a 40 de las 50 ciudades con más cantidad de asesinatos, teniendo así, tiene un tercio de los homicidios mundiales (Núñez Castellano & Malamud, 2024). Y a su vez, las instituciones u organismos que actúan en la región en contra el crimen como lo son Comando Tripartito de la Triple Frontera o el Sistema de Información de Seguridad del Mercosur (SISME), tienen sus debilidades, contribuyendo la permisibilidad de perpetuación del COT. De mismo modo, la región se conoce por sus sistemas presidencialistas donde ideologías de los líderes son primordiales para la formación de las políticas internas y externas extendiendo la falta de cohesión terminando en la porosidad de las fronteras, por donde penetran estos grupos, como presentan Velázquez Flores, R., & Schiavon, J. A. (2024). Ésta es una de las grandes problemáticas de la Triple Frontera.
El punto tripartito donde se encuentran Argentina, Brasil y Paraguay no solo representa un foco de actividades económicas, ambientales y sociales claves como establece Arellano (2012), sino que también se ha convertido en un punto convergente para varias actividades del crimen organizado transnacional como las nombradas previamente, sujeta a las consecuencias que esta presencia incluye, principalmente la trata de personas; y el tráfico de varios bienes. Ha sido un tópico reiterado el de esta frontera siendo sujeta a la presencia de actos delictivos, pero éste se ha agravado por la presencia de nuevos actores que se vieron beneficiados por la globalización. En los últimos años por la permisibilidad de factores que hacen a la frontera, se ha expandido la presencia de grupos como el Primeiro Comando da Capital de Brasil, o el Clan Barakat de Paraguay, la razón primordial siendo la de la permeabilidad de la frontera. Éste será el punto principal de estudio en el siguiente artículo, cómo los efectos de la permeabilidad que agravan la comisión de delitos transnacionales, principalmente la trata de personas y la existencia de grupos de crimen organizado en la Triple Frontera afectan a la seguridad Argentina.
Para la realización de este artículo se analizaron fuentes científicas, primarias y secundarias, primordialmente explicativas, pero con presencia de datos cuantitativos cuando así era necesario; que discutían la permeabilidad de la Triple Frontera como caso. A su vez, se investigó sobre los factores que hacen a la frontera, su contribución a la permeabilidad y cómo éstos terminaron contribuyendo al crimen organizado en la región, en base a la bibliografía examinada. Asimismo, se exploró sobre las políticas adoptadas por los Estados del puesto tripartito a partir de una revisión de las políticas públicas en Argentina y cooperativas más recientes, aplicadas al control de la Triple Frontera. A su vez, la fuente primaria se basa en una entrevista llevada a cabo por parte del Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación institucional de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y profesional en materia de seguridad; Sergio R Barboza. Para finalmente, combinar un componente analítico, explicativo y actual del tópico principal presentado previamente.
El por qué de la permeabilidad de la Triple Frontera
El punto donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como, la Triple Frontera tiene como característica intrínseca la permeabilidad, perpetuado por factores varios. Esta condición alude a la facilidad del intercambio fronterizo, ya sea de bienes, servicios, personas, u otros; esta tiene una correlación positiva, a mayor permeabilidad, mayor paso. Un concepto conectado es el de la porosidad, este hace referencia a los espacios por donde la permeabilidad sucede, y de esa forma, se crea una dependencia ya que la permeabilidad se va a presentar a mayor o menor escala dependiendo de la porosidad. Como adelantado, esta permeabilidad se ve presente en la Triple Frontera por diversos factores constituyentes. Dentro de estos componentes se encuentran la geografía e infraestructura; actividad comercial; factores socioeconómicos; y actividad política, primordialmente.
Con respecto al factor geográfico, este forma un ingrediente clave para la explicación de la porosidad fronteriza de la Triple Frontera. Esto es así ya que, el área donde el río Paraná divide Paraguay de Brasil y Argentina; y el río Iguazú separa las naciones de Argentina y Brasil, está rodeada de selvas y aguas, no exhaustivamente monitoreadas, lo cual permite su penetración, especialmente por parte de grupos delictivos (Devia-Garzón, Camilo Andrés et al., 2019). Como describe Sergio Barboza (2025), estas zonas son las más vulnerables de los tres Estados. A su vez, la proximidad entre las tres ciudades principales de la zona, Ciudad del Este en Paraguay, Puerto Iguazú en Argentina, y finalmente Foz do Iguaçú en Brasil, permite más actividad económica y población en la zona. A su vez, debido a la importancia en materia económica lícita, hubo desarrollo en los medios de comunicación y transporte lo cual contribuyó a la conexión entre ciudades y su relación (Nunes Dias & Dias, 2021) mediante infraestructura como el Puente de la Fraternidad, pero debido a la baja regulación, se permite el intercambio tanto lícito como ilícito, con una mayor facilidad siento éstos grandes poros de las fronteras (Giménez Béliveau, 2025); debido a esto, las infraestructuras perpetúan esta permeabilidad.
Continuando con esta noción, ya que esta frontera es un foco económico para los tres países que la componen, por actividades turísticas, comerciales y en materia de energía (Renoldi, 2020), es natural que haya desarrollos en materia de infraestructura, pero se utiliza también por los grupos de crimen organizado en la zona. La consecuencia de este desarrollo es la apertura a comercios lícitos como el intercambio de mercadería pero como describe el profesional Barboza (2025), pero estos recursos se utilizan a su vez para fines de los grupos de crimen organizados, quienes pactan qué territorios pertenecen a qué grupo y como se dividen las ganancias, utilizando las nuevas tecnologías y tráfico de substancial legales para sus intereses. Él explica como al la frontera ser un centro que contiene grandes niveles de dinero y debido a la permeabilidad, este es dinero fácil creando un mayor deseo por participar en materia delictiva. Y de este modo, se perpetúa una vez más, la permeabilidad de la Triple Frontera.
A pesar de ser un centro económico, las riquezas no están bien distribuidas haciendo que haya altos niveles de pobreza y desempleo siendo un lugar de cultivo para el crimen organizado (Devia-Garzón, Camilo Andrés et al., 2019). Debido a los bajos niveles de riqueza, Sergio Barboza (2025) explica como existe una mayor probabilidad de ser captado para el crimen organizado, en cualquiera de los rubros, ya sea trata, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros; ya que por un bajo coste para los grupos delictivos, pero un alto precio relativo para la población pobre, se pueden beneficiar ambas partes.
Finalmente, el último factor que permite la permeabilidad de la Triple Frontera es el de la política, y su inevitable rama, la corrupción. De acuerdo a Devia-Garzón, Camilo Andrés et al (2019), la corrupción es uno de los delitos más comunes en el punto tripartito, al cual son víctimas los tres Estados. La corrupción no es un concepto ajeno a la realidad latinoamericana, y se ha convertido en un problema para los sistemas democráticos ya que ocurre cuando un funcionario público es persuadido para completar acciones ilegales por beneficio de las partes involucradas (Pastrana Valls, 2019). Debido a esta naturaleza, los pasos fronterizos son objeto de estas prácticas y la Triple Frontera no es eximida. De esta forma, el cobro de sobornos permite el paso de substancias ilícitas y crea poros por dónde pasa el crimen. Estos poros, son detectados por los grupos de crimen organizado y crean secuelas, más corrupción, captación, permeabilidad (Barboza, 2025). A la vez, el orden político interno es un componente clave ya que limita la cohesión entre Estados, como fue descripto previamente. Debido a la disparidad de ideologías entre, principalmente las presidencias de Brasil y Argentina, se ha postergado la idea de un frente unido para luchar contra el crimen organizado transnacional y se han adoptado políticas más nacionales. Esto es exhibido en el presente con las presidencias de Lula da Silva en Brasil, y Javier Milei en Argentina, por la naturaleza de este tipo de crimen, la forma de accionar debería ser conjunta ya que se pueden alocar más recursos lo cual es una gran razón para la derrota de los países enfrente al COT, y la falta de esto es aprovechada por los grupos delictivos.
Estos factores son las principales razones por las cuales se perpetúa la presencia del crimen organizado en la zona de la Triple Frontera y es necesario la acción colectiva para evitar los efectos del COT a nivel doméstico. Cada una de las razones nombradas socava el sistema democrático de los Estados. Es capital lidiar con estas razones ya que el crimen organizado transnacional amenaza la seguridad, tanto interna como externa; el desarrollo económico y social; y la paz de la región en su totalidad (Devia-Garzón, Camilo Andrés et al., 2019). Existen ya cuerpos que combaten contra el COT en la Triple Frontera, pero por la discordia entre los tres Estados parte, principalmente por temas ideológicos, no se logra vencer a los grupos delictivos y de esta forma se continúa la permeabilidad (Barboza, 2025). Teniendo como consecuencia, los actos ilícitos en manos de los conjuntos organizados a nivel doméstico de los tres Estados parte de la frontera, como lo es la trata de personas.
La Triple Frontera y la Trata de Personas
Tal como se ha analizado, la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay es ampliamente conocida por su dinamismo económico y cultural como una zona estratégica pero también se ha consolidado como un espacio propicio para la proliferación de actividades ilícitas. Entre estas, la Trata de Personas destaca como uno de los crímenes más graves, alimentando y alimentándo-se en gran medida por la permeabilidad característica de esta región. La falta de controles efectivos, combinada con la presencia de pasos fronterizos informales y niveles significativos de corrupción, permite que redes criminales transnacionales de trata de personas movilicen a sus víctimas con relativa facilidad.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022), la Triple Frontera constituye uno de los principales focos de actividad de Trata de Personas en América del Sur. Para empezar a analizar el efecto de la permeabilidad de la Triple Frontera en el delito de Trata, es necesario precisar qué se entiende por Trata de Personas y cuáles son las características principales de este delito tan complejo.
Para hablar de Trata de Personas es necesario precisar y delimitar el concepto. Si bien existen análisis que plantean la deficiencia de la definición establecida en el Protocolo de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (2000), el presente artículo tomará como base esta definición ya que es considerada globalmente y es parte de la base de la Ley 26.364 de Prevención y Protección a las Víctimas de Trata de Personas en Argentina. En este sentido, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entiende a la Trata de Personas como
“La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación” (UNODC, 2000).
La Trata de Personas es un fenómeno multidimensional, multicausal y complejo de analizar. Para no cooptar la totalidad del análisis, ya que requeriría un análisis propio del fenómeno, es importante tener en cuenta la distinción básica dentro del concepto. En este sentido, según el Ministerio Público Fiscal Argentino (2023) el delito de Trata tiene dos aristas que apuntan a dos fines diferentes, aunque relacionados entre sí, que son la Explotación Laboral o Trabajo Forzado; y la Explotación Sexual o Prostitución Forzada. (MPF, 2023). Si bien la abolición de la esclavitud ocurrió en la Asamblea del año XIII, el delito de trata de personas es conocida como “la esclavitud del siglo XXI” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2021) Esto es así debido a que, en ambos tipos de Trata, las víctimas son explotadas física y psicológicamente, en la mayoría de los casos privadas de su libertad y, en ocasiones, reducidas a servidumbre. Parece increíble, pero no, existen muchísimos testimonios de víctimas que han vivido dentro de una red de trata que relatan historias que parecen sacadas de un cuento de terror. Según la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) la Trata de Personas es un delito transnacional que atenta contra los Derechos Humanos, con lo cual, no estamos hablando de un delito convencional, sino de una salvaje violación a los derechos (FIIAPP, 2018).
Por otro lado, es necesario tener en cuenta el perfil de las víctimas captadas por las redes de Trata de Personas y aquí un pequeño paréntesis. Las redes de crimen transnacionales evolucionan a la velocidad de la luz, teniendo cada vez más herramientas y aprovechándose de las nuevas tecnologías para innovar en la captación. De esta manera, si bien hay un perfil más “propicio” a ser captado/a por una red de Trata, nadie está exento de ser sujeto de un delito de este calibre. Sin embargo, sí podemos decir con certeza que algunas situaciones de vulnerabilidad predisponen a las víctimas a caer en este tipo de redes criminales. Según el artículo 4 del Protocolo de Palermo, los Estados que formaren parte del acuerdo (siendo Argentina uno de ellos), deberán comprometerse a adoptar o reforzar medidas contra factores como “la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas, que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata” (ONU, 2000) De acuerdo con Christian G. Sommer (2017), en la Argentina, la mayoría de las víctimas provienen de áreas rurales y se desplazan hacia áreas urbanas y de los distritos más pobres del norte del país, aunque también de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Una de las características comunes de aquellas es la falta de educación y la vulnerabilidad socioeconómica de la que sufren sus hogares. Cuando hablamos de “rutas” de Trata nos referimos a que aquellas víctimas son captadas en sus lugares de origen, mediante diversas herramientas como lo pueden ser las redes sociales, para ser trasladadas a las llamadas “provincias de destino”, que por lo general son las jurisdicciones con mayor poder adquisitivo del país, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz. (CG Sommer, 2017)
De este modo, podemos afirmar que este fenómeno no solo evidencia las debilidades estructurales en los sistemas de control policial interno y fronterizo, sino que pone de manifiesto la interconexión entre diferentes actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y el contrabando, que comparten las mismas rutas de transporte y redes de corrupción, como lo es la Triple Frontera. En esta región, la explotación sexual y laboral son las formas más frecuentes de trata, afectando principalmente a mujeres, niñas y niños provenientes de contextos socioeconómicos vulnerables (Sommer, 2016).
Uno de los factores más críticos que facilitan la Trata en la Triple Frontera es la permeabilidad física y administrativa de los pasos fronterizos desarrollada anteriormente. Según la Organización Internacional de Migraciones, las áreas selváticas y los numerosos cruces no oficializados permiten a las redes de trata mover víctimas con relativa facilidad, evadiendo los controles estatales. A esto se le suma una falta de coordinación efectiva entre las naciones implicadas (Argentina, Brasil y Paraguay) que genera vacíos legales y operativos en la regulación y el monitoreo, lo que incrementa la capacidad de las organizaciones criminales (OIM, 2021).
En este contexto, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La explotación sexual es la modalidad más extendida en la región de la Triple Frontera. Informes recientes indican que el modus operandi es que las mujeres son captadas mediante engaños relacionados con oportunidades laborales en turismo o entretenimiento, para luego ser sometidas a explotación en prostíbulos clandestinos en zonas urbanas de Argentina y otros países vecinos (UNODC, 2024). En este sentido, la situación es tan delicada y peligrosa que se habla de “turismo sexual infantil”. Según un artículo de Cecilia Zsögön (2018), la explotación sexual infantil en la Triple Frontera responde a estas dinámicas específicas de la región, como las disparidades económicas y la vulnerabilidad estructural de las familias. Este fenómeno se encuentra exacerbado por el gran turismo en la zona, especialmente en localidades como Puerto Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil). Incluso, la declaración de las Cataratas del Iguazú como una de las «Siete Maravillas del Mundo Natural» en el año 2011, aunque promovió el desarrollo turístico e incentivó el crecimiento económico, aumentó las actividades asociadas a la explotación (Zsögön, 2018).
Combatir el Crimen Organizado: una Triple Responsabilidad
Si bien cada uno de los países involucrados que se ven afectados por el aumento de la inseguridad y el crimen organizado en la Triple Frontera comparten responsabilidades en la lucha contra el mismo, la falta de coordinación y acuerdo entre estos hace que el fenómeno se agrave cada día más, incluso teniendo vacíos legales que imposibilitan la acción eficaz, rápida y coordinada. En el caso de Argentina, siendo este uno de los países que cumple con estándares internacionales de lucha contra fenómenos de crimen organizado, como la Trata de Personas (TIP Report, U.S. Department of State, 2024), ha implementado diversas políticas públicas que abarcan desde iniciativas nacionales hasta acuerdos de cooperación internacional fundamentales para ejercer acción conjunta, destinadas a fortalecer la seguridad fronteriza y combatir este tipo de delitos transnacionales.
En el plano interestatal, en el año 1996 se estableció el Comando Tripartito de la Triple Frontera que se centra en la cooperación policial y el intercambio de información entre Argentina, Paraguay y Brasil. Esta unidad facilita la planificación de operaciones conjuntas en materia de seguridad pública y ha incentivado la confianza mutua entre los países miembros. Este Comando planteó una coordinación entre las fuerzas de seguridad de los países involucrados. En segundo lugar, se creó en el año 2004 un Acuerdo Marco sobre cooperación en materia de Seguridad Regional del Mercosur (Ley 2.887) diseñado para maximizar la seguridad mediante mecanismos de prevención y represión de actividades ilícitas. Este Acuerdo buscó coordinar la cooperación y asistencia entre los países miembros para intercambiar información y ejecutar operativos conjuntos a través del Sistema de Información de Seguridad del Mercosur (SISME). Esto representa un accionar verdaderamente clave e innovador, ya que el punto de partida fundamental para luchar contra el CO debe ser el intercambio de información y la cruza de bases de datos.
En el plano doméstico, son diversas las acciones que se han llevado a cabo para intentar mitigar la permeabilidad de la Triple Frontera y reprimir toda actividad ilícita enmarcada en el crimen organizado. En primer lugar, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se caracterizó por el esfuerzo de lucha contra el crimen organizado, sobre todo la Trata de Personas, a partir de la sanción de la ley 26.364 “PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS” del año 2008, que cambió radicalmente la carátula del delito y veló por la atención a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, aún aunque hubiere un consentimiento aparente. Esta medida fue radical y conecta al período en cuestión con el gran esfuerzo llevado a cabo por el Estado Argentino por controlar una región tan controversial y estratégica. Según la Oficina Nacional de Migraciones (2021), su implementación en la Triple Frontera ha sido clave para desarticular redes transnacionales de trata y rescatar a personas explotadas (OIM, 2021). En el año 2011, se llevó a cabo un Operativo para reforzar la vigilancia en las fronteras del norte del país, denominado Escudo Norte. Si bien no fue aplicado solamente a la Triple Frontera, por supuesto que el foco también estuvo puesto allí debido a su relevancia. La estrategia incluyó el uso de radares especializados para monitorear el espacio aéreo y detectar vuelos ilegales asociados al narcotráfico. A su vez, se desplegaron efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval (parte del ministerio de Seguridad de la República Argentina) para patrullar áreas terrestres y fluviales, con un enfoque en la detección y prevención de actividades ilícitas (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2012). Sin embargo y según el experto Sergio R. Barboza, a pesar de los avances en materia de control, la falta de recursos tecnológicos y el choque de ideologías políticas en la región limitaron su eficacia.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, se implementó el “Operativo Fronteras” que reemplazó al Escudo Norte, con un enfoque más integral y tecnológico. Este operativo incluyó el uso de drones y patrullajes coordinados entre las fuerzas de seguridad. Según informes oficiales publicados, entre 2016 y 2018 se logró una reducción significativa en el tránsito de vuelos ilegales en la región (Informe del Ministerio de Seguridad de la Nación, 2018). Si bien los gobiernos de Kirchner y Macri representaban polos opuestos en diversas aristas, la continuación de la política pública basada en el refuerzo del control de las fronteras del norte demuestra el establecimiento de prioridades claras y de acciones que traspasan a los gobiernos y las ideologías. En el marco de los programas mencionados, Argentina ha invertido en la instalación de radares en puntos estratégicos de la frontera, incluyendo los radares RPA-170 fabricados por INVAP[1]. Estos dispositivos han mejorado la capacidad del Estado para detectar movimientos ilegales, especialmente en rutas del espacio aéreo, empleadas por organizaciones criminales para el tráfico de drogas (Devia Garzón, C. A. y Ortega Avellaneda, D, 2019). Asimismo, en 2019, se lanzó la Mesa Trinacional contra la Trata de Personas, una iniciativa que busca coordinar estrategias de prevención, asistencia a víctimas y persecución penal en la región. Esta mesa incluye reuniones periódicas y acuerdos bilaterales para la formación de agentes y el intercambio de información (Argentina.gob.ar, 2019).
Por otro lado, en el ámbito normativo, desde hace algunos años que la sanción de leyes específicas ha sido clave para combatir el crimen organizado. En el año 2000 se sancionó a Ley 25.246 sobre lavado de activos que creó la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo central de analizar, darle tratamiento y transmitir información para prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el territorio. Así, según un informe del Organismo, entre el año 2015 y 2020, la UIF reportó más de 500 transacciones sospechosas relacionadas con operaciones en la Triple Frontera (UIF, 2020).
En el año 2020, Argentina comenzó a modernizar sus controles fronterizos mediante la instalación de radares de última generación y sistemas biométricos en pasos fronterizos oficiales. Estas medidas, desarrolladas en el marco del mencionado Operativo Fronteras, permitieron una mejora significativa en la detección de movimientos ilícitos en áreas clave de la región. En abril del mismo año, Brasil lanzó el Programa VIGIA (Sitio Web Gobierno de Brasil, 2022) que integró tecnologías satelitales y de geolocalización para monitorear rutas fluviales y terrestres utilizadas por organizaciones criminales. La interacción coordinada entre estos dosrogramas fortaleció la capacidad de ambos países para rastrear y contener actividades delictivas en áreas selváticas y de difícil acceso(Devia C. y Ortega D. 2019).
Más adelante, durante 2021, el Operativo Fronteras mostró resultados concretos en términos de incautaciones y detenciones. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación (2022), se confiscaron más de 15 toneladas de drogas y se detuvo a 120 personas vinculadas a redes de narcotráfico en la región. Paralelamente, la Unidad de Información Financiera (UIF) reportó un aumento del 15% en las transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos en la Triple Frontera, lo que llevó al inicio de varias investigaciones en colaboración con el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT, 2023) (Ministerio de Seguridad de la Nación, 2022).
Asimismo, el año 2022 marcó un hito en la cooperación trinacional a través de la implementación de la Mesa Trinacional contra la Trata de Personas. Este esfuerzo coordinado entre Argentina, Brasil y Paraguay buscó establecer protocolos comunes para la identificación de víctimas y el intercambio de información en tiempo real para garantizar eficiencia y rapidez en la persecusión de criminales.. La mesa facilitó operativos simultáneos en Ciudad del Este, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, que resultaron en el rescate de más de 180 víctimas de trata y la detención de 40 traficantes ilegales.
Por último, en febrero de 2023, se lanzó la Mesa Trinacional para la Prevención y Lucha contra la Trata, Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en la Triple Frontera. Esta iniciativa buscó abordar de manera específica la problamática de la trata de personas y el trabajo infantil en la región, promoviendo la cooperación entre Argentina, Brasil y Paraguay en estos temas críticos. Según Gustavo Vera, el Director del Comité de Lucha Contra la Trata de Personas en Argentina, es fundamental la creación de mesas de trabajo conjuntas y operativas en las fronteras para poder actuar de manera inmediata en caso de una emergencia en la zona. De este modo, en la ciudad de Puerto Iguazú, se concretó la creación de la Mesa Trinacional por medio de un convenio que reunió a autoridades locales, provinciales y nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay.
Asimismo, según Hernan Ezequiel Garcia (2023), Argentina ha endurecido significativamente sus controles fronterizos y destaca la creación del Centro de Frontera Iguazú-Foz do Iguaçu como un ejemplo concreto de esta tendencia. Este centro integra múltiples agencias gubernamentales, incluyendo la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Dirección General de Aduanas (DGA), el Senasa y la Gendarmería Nacional Argentina, con el objetivo de coordinar y fortalecer el control fronterizo. El artículo mencionado se basa en la idea de “securitización” en la Frontera, reconstruida desde el año 1970 hasta la actualidad. (García, H.E, 2023)
La lucha contra el Crimen Organizado en la Triple Frontera: actualizaciones recientes.
En el 2024, el gobierno argentino encabezado por Javier Milei, lanzó el Programa de Seguridad Integral de Fronteras, que integró avances tecnológicos con un enfoque en la cooperación transnacional. Este programa incluyó la instalación de radares adicionales, la ampliación de patrullajes aéreos y el uso de drones de vigilancia. Además, se renovó el compromiso con el Comando Tripartito de la Triple Frontera (1996), que incorporó de manera innovadora la inteligencia artificial para rastrear flujos financieros sospechosos vinculados al crimen organizado, en concordancia con las actividades de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) (Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 2024).
En agosto de 2024, se llevó a cabo un importante Encuentro Regional sobre los nuevos desafíos de la Seguridad Pública en la Triple Frontera. Este evento reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el Crimen Organizado.
El mencionado encuentro se desarrolló en tres etapas, iniciando en Foz de Iguazú (Brasil), continuando en Hernandarias (Paraguay) y concluyendo en Puerto Iguazú (Argentina). Participaron autoridades clave como la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay, representantes de la Policía Nacional de Paraguay, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina y del Departamento de Policía Federal de Brasil. Durante las sesiones, se abordaron temas cruciales como seguridad fronteriza, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, y se exploraron estrategias para reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad.
A partir de esto, si bien las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei son incipientes. es claro que la designación de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad, sumamente alineada en términos de securitización a las ideas del gobierno hace al endurecimiento del control fronterizo y a la movilización de las Fuerzas Armadas. En este sentido, se generó recientemente un hito en el rol de las FF.AA en el país partir de la reciente sanción del Decreto 1112/24. Este decreto introduce cambios significativos en el sistema de defensa nacional, particularmente en lo que respecta al control fronterizo y la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas.
El decreto habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar en tiempos de paz con las fuerzas federales de seguridad en tareas de vigilancia y control de fronteras. Esta medida representa una expansión significativa del rol militar en áreas tradicionalmente reservadas para las fuerzas de seguridad civil. Como modificación clave para este análisis,, el decreto permite el despliegue de fuerzas militares en zonas fronterizas para reforzar el control y la vigilancia, autorizándolas a realizar actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico, llevar a cabo acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias (Presidencia de la Nación Argentina, 2024).
Según Sergio R. Barboza, en este último tiempo con los cambios de gobierno y la influencia de las ideologías, las Fuerzas de Seguridad mermaron su capacidad operativa. Durante el período del gobierno de Mauricio Macri se intentó implementar un proceso e radarización de derribo que finalmente no prosperó porque para llevarla a cabo, a través de aviones militares, había que modificar la ley de Seguridad Interior y la ley de Defensa. En cambio, de esta manera, la implementación de este nuevo decreto representa un cambio paradigmático en la gestión nacional de la seguridad fronteriza. Según R. Battaglino (2013), las Fuerzas Armadas argentinas han estado limitadas en su participación en asuntos de seguridad interna desde el retorno a la democracia en 1983, por diversos motivos pero principalmente por las experiencias de terrorismo de estado durante la última dictadura militar (Battaglino, 2013). Sin embargo, este decreto expande significativamente su rol, permitiéndoles actuar no solo ante amenazas estatales externas, sino también frente a actores no estatales y en colaboración más estrecha con las fuerzas de seguridad en las fronteras. Esta nueva medida plantea un panorama innovador que podría fortalecer la capacidad del Estado para abordar amenazas transnacionales especialmente en regiones como la Triple Frontera. Empero, es fundamental reiterar la incipiencia de este tipo de medidas y la necesidad de tener en cuenta el impacto en la sociedad civil, sobre todo con la conciencia ciudadana del terror del pasado y la imagen negativa que había adquirido, al menos hasta la actualidad, el sector militar en la Argentina.
Conclusiones
El caso de la Triple Frontera ejemplifica la gran problemática que presenta el crimen organizado transnacional. Afectado por varios factores, el hecho de la porosidad y permeabilidad concluye en la permisibilidad de involucramiento de grupos de crimen organizado en los Estados que componen a la Triple Frontera. Grupos tales, que traen consigo un abanico de crímenes como lo es el tráfico ilícito, o la Trata de Personas. Estos, a su vez, afectan la integridad democrática y la estabilidad de no solo Argentina, Brasil y Paraguay, sino también de los Estados de la región, erosionando instituciones y aumentando la inseguridad. De esta forma, se presenta una alta necesidad de poner freno hacia estos actos, lo cual debería estar acompañado de una acción colectiva y cohesiva entre los tres países en el caso de la Triple Frontera, pero también a nivel regional. La sanción del Decreto 1112/2024 representa un punto de inflexión en la estrategia argentina con respecto al control fronterizo al habilitar a las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de vigilancia y control. Esta medida, que expande significativamente el rol militar en áreas tradicionalmente reservadas para las fuerzas de seguridad civil, refleja una tendencia hacia una “re-militarización” de la seguridad fronteriza. Si bien este enfoque puede fortalecer la capacidad de respuesta inmediata frente a emergencias, también plantea interrogantes sobre sus implicaciones a largo plazo en las relaciones cívico-militares y en la distinción tradicional entre seguridad interna.
Referencias
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[1] INVAP S. A., es una empresa argentina de alta tecnología aplicada al desarrollo de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas complejas como la energía nuclear, tecnología e ingeniería espacial, industrial, médica, ambiental y de telecomunicaciones.
Por Lucía Álvarez Cervera y María Trinidad Lernoud