La reciente operación militar en Venezuela, con significativas implicancias geopolíticas y geoeconómicas, ha reactivado debates recurrentes en torno a la soberanía estatal, la legalidad internacional y el rol de las grandes potencias en el sistema internacional. Una parte relevante de estas reacciones ha tendido a enmarcar el episodio en términos normativos, recurriendo a categorías como “imperialismo” o “violación de la soberanía”, bajo supuestos que conciben a esta última como un principio absoluto e incondicionado o a través de filtros ideológicos. Sin embargo, dichas lecturas suelen omitir el contexto estructural en el que se inscribe la crisis venezolana, caracterizado por un prolongado colapso institucional, una pérdida sostenida de capacidades estatales y consecuencias humanitarias de gran magnitud.
Este trabajo sostiene que una comprensión adecuada del caso venezolano requiere abandonar aproximaciones predominantemente normativas o ideologizadas y adoptar, en cambio, una perspectiva realista estructural. Desde este enfoque, el sistema internacional no se rige primariamente por principios morales universales, sino por consideraciones de seguridad, intereses estratégicos y correlaciones de poder, sin que ello implique negar la existencia o relevancia de normas e instituciones, sino reconocer su funcionamiento condicionado dentro de una estructura anárquica en la cual hay una ausencia de autoridad supranacional. En esta línea, siguiendo tradiciones clásicas del pensamiento político -desde Maquiavelo hasta el realismo contemporáneo-, la política internacional responde a una lógica propia, distinta de la moral individual, en la que la supervivencia estatal y el equilibrio de poder ocupan un lugar central.
Bajo esta óptica, conceptos como el de soberanía no pueden ser entendidos como categorías abstractas o intangibles, sino como atributos funcionales que dependen, entre otros factores, de la capacidad material del Estado para ejercer autoridad efectiva, garantizar derechos y mantener el control sobre su territorio y su población. Cuando esas capacidades se erosionan de forma sistemática, la soberanía persiste en términos formales, pero pierde contenido sustantivo. El caso venezolano resulta ilustrativo en este sentido, en tanto la debilidad estructural del Estado ha tenido impactos que trascienden ampliamente sus fronteras, afectando la estabilidad regional y generando dinámicas que interpelan a otros actores del sistema internacional.
En este sentido, la ideología desempeña un rol clave como filtro interpretativo. Las narrativas construidas por actores políticos, académicos y mediáticos no solo describen los hechos, sino que los ordenan y jerarquizan a partir de marcos normativos preexistentes. De este modo, un mismo acontecimiento – como la operación militar en Venezuela- puede ser interpretado de formas profundamente divergentes según el lente ideológico adoptado. Este trabajo se propone analizar cómo estas lecturas selectivas condicionan la comprensión de la crisis venezolana y, al hacerlo, limitan la posibilidad de un análisis más riguroso y racionalizado de las dinámicas estructurales que configuran la política internacional contemporánea.
El caso venezolano y los marcos ideológicos de interpretación.
Desde una comprensión estructural del sistema internacional -en la que las interpretaciones de los fenómenos políticos se encuentran mediadas por relaciones de poder, intereses y márgenes reales de autonomía- resulta pertinente analizar cómo determinados marcos ideológicos han condicionado las lecturas sobre la crisis venezolana. Diversos trabajos han señalado que, en ciertos sectores del progresismo latinoamericano e internacional, la interpretación del caso venezolano ha estado fuertemente atravesada por un enfoque predominantemente antiimperialista, lo que ha tendido a priorizar factores externos en detrimento de un análisis crítico de las dinámicas internas del régimen político.
Edgardo Lander (2017)[1] advierte que esta orientación ha contribuido, en algunos casos, a una forma de solidaridad política que dificulta la evaluación crítica de prácticas autoritarias y del deterioro socioeconómico, aun cuando existen evidencias documentadas sobre el agravamiento de la crisis humanitaria y la erosión del Estado de Derecho. Informes de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[2] y ACNUR[3] han señalado violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, el colapso de la seguridad interna y desplazamientos forzados de población de carácter masivo, lo que obliga a considerar el fenómeno más allá de explicaciones exclusivamente externas.
Este tipo de tensiones interpretativas también se ha reflejado en debates políticos fuera de América Latina. En el contexto español, la controversia generada en torno al reconocimiento internacional a figuras de la oposición venezolana puso de manifiesto la existencia de lecturas divergentes dentro de sectores considerados de izquierda, donde algunos actores cuestionaron la pertinencia de dicho reconocimiento argumentando la ausencia de un conflicto armado formal o apelando a criterios sobre el concepto de paz.[4] Más allá de la valoración política de estas posiciones, el debate resulta relevante en tanto evidencia la dificultad para aplicar estándares normativos de manera consistente frente a crisis complejas que no encajan plenamente en marcos ideológicos preexistentes.
Estos casos permiten observar un patrón más amplio de selectividad normativa, en el que principios como la defensa de los derechos humanos o la soberanía estatal tienden a ser invocados de manera diferencial según el alineamiento político de los gobiernos involucrados. En este sentido, la soberanía deja de operar como un principio jurídico orientado a la responsabilidad estatal para convertirse en un recurso discursivo que limita los mecanismos de rendición de cuentas internacionales.
Desde una perspectiva crítica, este fenómeno plantea un desafío teórico relevante: cuando categorías como “imperialismo” o “autodeterminación” se utilizan de forma acrítica y descontextualizada, pierden capacidad explicativa y se transforman en consignas identitarias antes que en herramientas analíticas. Ello no solo empobrece el debate académico, sino que también contribuye a lecturas simplificadas de realidades complejas, dificultando la formulación de respuestas políticas eficaces frente a crisis humanitarias y de gobernabilidad de gran escala.
La tensión entre discurso soberanista y pragmatismo estructural en América Latina.
Ahora, es justificable o no la reciente intervención, eso dependerá de los lentes que utilicemos según las teorías que rigen en el estudio de la política internacional. En el presente artículo, tomamos la perspectiva estructural para explicar el presente caso. En tal sentido, la soberanía estatal no constituye un principio absoluto ni plenamente inviolable, sino que se ejerce dentro de un sistema internacional estructurado por relaciones de podery naturalmente inseguro, en el que convergen intereses divergentes y jerarquizados. En este marco, todo Estado soberano asume, por el solo hecho de existir en dicho orden, un riesgo latente de interferencia externa cuando pone en peligro otros intereses. Esta condición es inherente a la arquitectura del sistema internacional moderno y tensiona la noción clásica de la autodeterminación de los pueblos.
Desde una perspectiva crítica, puede sostenerse que la autodeterminación rara vez opera como un principio autónomo y universalmente garantizado. En la práctica, el reconocimiento efectivo de la soberanía estatal depende en gran medida de la aceptación -explícita o implícita- por parte de las potencias dominantes. En este sentido, más que una autodeterminación plena, el sistema internacional produce formas de heteronomía[5], en las que los márgenes de autonomía de los Estados más débiles están condicionados por los intereses y decisiones de los Estados más poderosos. Esta dinámica ha sido ampliamente analizada por enfoques realistas y neorrealistas, que subrayan que la soberanía es funcional y contingente, antes que un derecho inalienable.[6][7]
Autores académicos como Arango Franco sostienen que la soberanía puede ser comprendida desde múltiples perspectivas, pero ningún concepto puede considerarse de forma aislada ni absoluto. La evolución histórica, desde la Grecia Antigua hasta la consolidación del Estado-Nación, refleja estas transformaciones y evidencia el carácter no absoluto de la soberanía. En términos weberianos, el Estado ejerce soberanía a través del monopolio legítimo del uso de la fuerza, disponiendo de los medios materiales que lo instrumentan (Weber). En palabras de Arango Franco:
“Mas allá de lo anterior, el Estado es a la vez, en su expresión soberana, un monopolizador legítimo de la fuerza dentro de su territorio, dotado de un aparato propio para administrar los recursos públicos. Sin embargo, esa soberanía interior no solo se manifiesta en el monopolio de la fuerza, sino que también comprende su capacidad para mantener interiormente la paz y el orden y proteger sus fronteras. La soberanía supone entonces, la capacidad de proveer un orden jurídico capaz de regular el ejercicio de la fuerza y de garantizar un orden de conveniencia armónica. Todo esto es como construcción de un concepto de soberanía propio del Estado-Nación.” (Arango Franco 2017, 30)[8]
Esta comprensión del Estado y su soberanía se ve matizada por la dinámica del poder en el sistema internacional. Los Estados con mayor capacidad material y política suelen erigirse como garantes de facto del orden global, lo que les otorga la facultad -formal o informal- de limitar, erosionar o suspender la soberanía de otros Estados cuando perciben que sus intereses estratégicos o el equilibrio de poder se ven amenazados. Esta lógica se manifiesta tanto en intervenciones militares como en mecanismos indirectos de coerción económica, diplomática o institucional. Desde esta perspectiva, la soberanía opera como un principio normativo subordinado a la estabilidad del sistema y a la preservación del equilibrio de poder, más que como una regla inviolable del derecho internacional (Krasner 1999, 4).[9]
En esa misma línea, conviene señalar que, aunque la soberanía política puede definirse teóricamente como un concepto absoluto, en la práctica se ve erosionada por fenómenos internacionales, como la globalización, pero también por la incapacidad del Estado para mantener la estabilidad política y social dentro de su territorio. Bajo estas condiciones, la soberanía se debilita, lo que compromete la legitimidad del Estado para ejercer la fuerza. Esta situación facilita, a su vez, la proliferación de organizaciones criminales con influencia regional e incluso global, y proporciona una justificación política y estratégica para que potencias extranjeras intervengan en los asuntos internos de un país, pese a los principios establecidos en el Tratado de Paz de Westfalia.
En consecuencia, la soberanía y la autodeterminación deben entenderse no como atributos absolutos, sino como construcciones políticas y jurídicas condicionadas por la estructura jerárquica del sistema internacional. El poder sigue siendo el principal factor que define los límites reales de la autonomía estatal y depende, además, de las capacidades materiales de los Estados.
En política internacional, los fenómenos rara vez constituyen hechos completamente novedosos. Las dinámicas de poder, conflicto y dominación que hoy se observan encuentran antecedentes tempranos en la propia génesis del pensamiento internacional. Uno de los hitos fundacionales del derecho y la teoría de las relaciones internacionales puede rastrearse hasta la Guerra del Peloponeso, particularmente en el célebre Diálogo de los Melios, donde Tucídides sintetiza crudamente la lógica del sistema: “el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”[10]. Desde entonces, el estudio del funcionamiento del sistema internacional ha estado estrechamente ligado al análisis del equilibrio de poder como condición para una estabilidad o paz aparente. En este marco, los Estados tienden de manera recurrente a buscar dicho equilibrio como mecanismo de supervivencia.
Autores como Hans Morgenthau profundizaron esta perspectiva al definir la política internacional como una lucha constante por el poder, entendido fundamentalmente en términos materiales. Desde este enfoque, la estructura del sistema internacional no solo explica, sino que legitima la acción defensiva – e incluso ofensiva- de los Estados cuando perciben que sus intereses estratégicos están amenazados. Este marco teórico resulta clave para comprender por qué ciertas conductas, como la intervención o la coerción, se repiten de manera sistemática en la práctica internacional.
Desde una óptica de teoría realista estructural, donde los Estados -y en particular las grandes potencias- actúan prioritariamente en función de la preservación de su supervivencia y del equilibrio de poder, la percepción de amenazas es un elemento constitutivo de la formulación de políticas exteriores. Según documentos y declaraciones oficiales estadounidenses sobre Operation Southern Spear, Washington ha descrito sus despliegues militares en el Caribe y el Pacífico como parte de una operación de contra narcotráfico y contra “narco-terrorismo”, argumentando que estos fenómenos representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para la estabilidad hemisférica. Esta caracterización oficial refleja cómo, desde la lógica de política exterior estadounidense, ciertos riesgos geopolíticos se traducen en políticas de despliegue de fuerza que buscan preservar intereses estratégicos y el equilibrio de poder regional.[11]
Desde esta perspectiva, esas percepciones no son meras narrativas ideológicas, sino mecanismos que permiten a Washington articular políticas de seguridad y de proyección de poder en su “patio trasero”, en consonancia con una lógica estratégica de defensa del interés nacional. Sin embargo, esta lógica tampoco surge en el vacío: la historia de la política exterior estadounidense muestra repetidos episodios donde la percepción de amenazas periféricas ha sido utilizada para justificar intervenciones o la ampliación de presencia militar en regiones consideradas críticas para el balance de poder global.
Esta doble dimensión -interpretativa y material- obliga a revisar críticamente categorías normativas puras como “soberanía absoluta”, especialmente cuando Estados sin capacidad material efectiva para ejercer control territorial completo se encuentran inmersos en dinámicas internacionales donde la supervivencia estatal se mide tanto en términos de control interno como de su posición en el equilibrio regional.
Otra perspectiva relevante para analizar en cuestión el caso venezolano desde una visión pragmática es la que ofrece el realismo periférico, formulado por el politólogo argentino Carlos Escudé (1992) como una adaptación del realismo clásico a las condiciones estructurales de los Estados periféricos dentro del sistema internacional. Esta teoría parte de la premisa de que la política exterior de los países con menor poder material no puede entenderse a partir de las categorías de autonomía y confrontación propias de las grandes potencias; por el contrario, debe ser analizada desde una lógica donde los intereses nacionales se definen en términos de desarrollo económico y bienestar ciudadano, más que de pura acumulación de poder o seguridad militar.
De acuerdo con esta concepción, el sistema internacional adopta una estructura proto-jerárquica, no simétrica, en la que se distinguen funcionalmente tres tipos de Estados: los formadores de reglas, que imponen normas y marcan la pauta del orden internacional; los que obedecen; y los Estados rebeldes, que intentan desafiar el orden establecido, pero enfrentan costos desproporcionados por hacerlo. Bajo esta óptica, la autonomía no se define como una libertad absoluta de acción, sino como un recurso escaso y costoso cuya utilización puede tener efectos contraproducentes. Escudé y otros teóricos argumentan que la búsqueda de autonomía confrontativa frente a potencias dominantes puede implicar un “consumo” de autonomía -acciones simbólicas o costosas que no generan ventajas materiales y que, de hecho, pueden comprometer el bienestar de la población local- en contraste con un “uso estratégico” de la autonomía que busque reforzar la capacidad interna del Estado sin confrontar directrices de poder establecidas y entendiendo que no todos los Estados son iguales.
Este enfoque dialoga con formulaciones previas en torno a la autonomía estratégica en América Latina, como la definida por Juan Carlos Puig (1980), para quien la autonomía implica una mayor capacidad de autodecisión dentro de las constricciones estructurales reales del sistema internacional y solo puede alcanzarse mediante alianzas y fortalecimiento interno más que por confrontación unilateral con los centros de poder.
En este marco, la propuesta de Escudé representa una crítica sustantiva a la concepción absoluta de soberanía y autonomía como principios supremos. Al priorizar la estabilidad política interna y el desarrollo económico, esta teoría advierte sobre los riesgos de políticas exteriores confrontativas que, aunque presentadas como expresiones de soberanía, pueden terminar obstaculizando el desarrollo y profundizando la vulnerabilidad estructural de los Estados periféricos, además de justificar practicas tiránicas de poder y entrar en negacionismos.
Conclusiones.
En conclusión, insistir en que América Latina es únicamente una víctima pasiva del sistema internacional es una lectura cómoda, pero limitada. Existe una premisa básica que debe ser reconocida: el sistema internacional es inherentemente asimétrico. Hay actores con mayor poder estructural y otros con menor capacidad de influencia, y esta desigualdad no es una anomalía, sino una característica sistémica e histórica. Demonizar sistemáticamente al actor más fuerte no construye autonomía ni fortalece a la región; por el contrario, tiende a justificar la inacción y a ocultar las propias responsabilidades. Las teorías de la dependencia, aunque útiles para comprender ciertas dinámicas históricas, se vuelven insuficientes cuando se utilizan como explicación totalizante que exime a los Estados locales de diseñar estrategias propias.
En un escenario ideal, América Latina habría respondido de manera coordinada y preventiva para evitar que la crisis venezolana escalara hasta niveles críticos. Sin embargo, la realidad muestra una región fragmentada, con bajos niveles de integración efectiva y Estados absorbidos por debilidades institucionales internas. La ausencia de una política exterior regional coherente no puede atribuirse exclusivamente a factores externos. Culpar al sistema internacional o a potencias extrarregionalas no sustituye la falta de planificación estratégica ni la incapacidad de construir consensos mínimos o mantener el orden interno. La autonomía no se proclama: se construye mediante instituciones sólidas, cooperación regional y decisiones racionales.
Este nuevo punto de inflexión debería servir como oportunidad para que los países latinoamericanos reformulen sus objetivos en política exterior desde un enfoque pragmático. Alinearse estratégicamente – sin necesidad de ceder soberanía de manera absoluta – con bloques capaces de ofrecer estabilidad, inversión y combatir a problemáticas graves, no constituye sumisión, sino cálculo racional. En términos realistas, la autonomía se maximiza no aislándose, sino gestionando inteligentemente las interdependencias. Esto no implica desestimar la relevancia del derecho internacional ni de las instituciones multilaterales, que cumplen un rol significativo en contextos de cooperación y bajos niveles de conflicto. Sin embargo, cuando están en juego intereses vitales o la supervivencia estatal, los Estados -en particular las grandes potencias- tienden a priorizar consideraciones estratégicas, utilizando o flexibilizando las reglas con el fin de preservar el equilibrio del sistema internacional.
En política internacional, salir de la burbuja ideológica no es una opción teórica deseable, sino una necesidad práctica. Comprender el mundo tal como es – y no como se quisiera que fuera – es el primer paso para que la región deje de reaccionar y comience, finalmente, a actuar.
Por Hanne Blusztein
Referencias bibliográficas:
Lander, E. (2017, 31 de marzo). The “unconditional solidarity” of the left with Chavismo. Transnational Institute. https://www.tni.org/en/article/the-unconditional-solidarity-of-the-left-with-chavismo
Martínez Martín, Ó. (2025, 10 de octubre). Pablo Iglesias critica el premio Nobel a María Corina Machado: “Se lo podrían haber dado a Hitler”. El País. https://elpais.com/espana/2025-10-10/pablo-iglesias-critica-el-premio-nobel-a-maria-corina-machado-se-lo-podrian-haber-dado-a-hitler.html
Roy, D. (2026, 3 de enero). The U.S. Military Campaign Targeting Venezuela and Nicolás Maduro: What to Know. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/articles/operation-southern-spear-us-military-campaign-targeting-venezuela
Arango Franco, J. L. (2017). La soberanía: su razón y sus fundamentos hoy. Revista de Derecho, Disponible en Dialnet.
Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill.
Mearsheimer, J. J. (2001). The tragedy of great power politics. W. W. Norton & Company.
Krasner, S. D. (1999). Sovereignty: Organized hypocrisy. Princeton University Press.
Escudé, C. (1992). Realismo periférico: Bases teóricas para una nueva política exterior argentina. Editorial Planeta.
Puig, J. C. (1980). Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
[1] Lander, E. (2017, 31 de marzo). The “unconditional solidarity” of the left with Chavismo. Transnational Institute. https://www.tni.org/en/article/the-unconditional-solidarity-of-the-left-with-chavismo
[2] Naciones Unidas, “Los derechos humanos se deterioran en Venezuela,” 27 de junio de 2025, Naciones Unidas — Oficina en Ginebra, https://www.ungeneva.org/es/news-media/news/2025/06/107912/los-derechos-humanos-se-deterioran-en-venezuela.
[3] UNHCR, Over 4 Million Venezuelan refugees and migrants struggle to meet basic needs across the Americas, 12 septiembre 2023, https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/over-4-million-venezuelan-refugees-and-migrants-struggle-meet-basic-needs
[4] Óscar Martínez Martín, “Pablo Iglesias critica el premio Nobel a María Corina Machado: ‘Se lo podrían haber dado a Hitler’,” El País, 10 de octubre de 2025, https://elpais.com/espana/2025-10-10/pablo-iglesias-critica-el-premio-nobel-a-maria-corina-machado-se-lo-podrian-haber-dado-a-hitler.html.
[5] La heteronomía se refiere a una situación en la que las decisiones fundamentales de un pueblo, un Estado o una sociedad no se definen de manera autónoma, sino que están condicionadas, orientadas o directamente determinadas por actores externos, generalmente más poderosos.
[6] John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton & Company, 2001), 45.
[7] Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.
[8] Jorge León Arango Franco, 2017. La soberanía: su razón y sus fundamentos hoy. Revista de Derecho, Disponible en Dialnet.
[9] Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), 4.
[10] Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, traducido por M. R. Maynard (Madrid: Alianza Editorial, 1980; trabajo original publicado ca. 431 a.C.).
[11] Diana Roy, “The U.S. Military Campaign Targeting Venezuela and Nicolás Maduro: What to Know,” Council on Foreign Relations, 3 de enero de 2026, https://www.cfr.org/articles/operation-southern-spear-us-military-campaign-targeting-venezuela.